La Justicia porteña anuló el pedido del subsecretario de Legal y Técnica del Ministerio de Planificación Federal, Rafael Enrique Llorens, quien apeló a un fallo anterior del juez federal Claudio Bonadio, para que el Estado sea admitido como querellante en la causa por la tragedia de Once que causó 51 muertos y más de 700 heridos. Al fundamentar la decisión, los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah consideraron que "la concreta existencia de querellantes que han manifestado su voluntad de accionar contra el Estado Nacional en su condición de titular y garante del servicio público concesionado".
"Habilitar la intervención como acusador privado a quien las víctimas directas del hecho sindican como responsable civil de los daños ocasionados (...) implicaría admitir como posible que puedan coexistir en la misma persona el ejercicio de roles procesales tan antagónicos como estratégicamente opuestos", explicaron.
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