Valeria Ramírez fue secuestrada durante la dictadura y trasladada al Pozo de Banfield por ser trans.
La discriminación, el permanente acoso policial y las dificultades para acceder a un trabajo digno –dado que un alto porcentaje debe dedicarse a la prostitución para poder sobrevivir– son los principales problemas que enfrentan en forma cotidiana las travestis, transexuales, transgéneros y hombres trans, según una “prueba piloto de la encuesta sobre población trans” que se hizo en el partido de La Matanza y a cuyos resultados tuvo acceso Página/12. El trabajo, paso previo a un estudio que se hará más adelante en todo el país, precisa que en materia de discriminación, los casos más frecuentes se han dado “en la vía pública”, de acuerdo con las respuestas dadas por el 84,7 por ciento de las encuestadas, y en el ámbito de la escuela (58,2 por ciento), en este caso de parte de sus propios compañeros de curso y en menor grado, aunque también significativo, de parte de la autoridad educativa. El 76,6 por ciento declaró también haber sufrido algún tipo de violencia verbal o física por parte de la policía. Al especificar cuál fue el agravio más frecuente por parte de los uniformados, el mayor porcentaje (54 por ciento) hizo referencia a un combo compuesto por hechos de “extorsión, amenazas, maltrato y humillación”.
La prueba piloto se realizó entre el 18 y el 29 de junio, como etapa de preparación de una Encuesta Nacional que se proyecta en el territorio nacional y que será encarada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec). El equipo que trabajó en tres sedes del partido de La Matanza fue integrado por once encuestadoras de las organizaciones trans, capacitadas por el Indec. Las participantes pertenecen a las organizaciones Putos Peronistas, Amazonas del Oeste, Movimiento Integración Sexual Etnica y Religiosa (Miser) y Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL). Entre los organismos públicos, además del Indec, contaron con el soporte del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi), el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Municipalidad de La Matanza.
El trabajo de las organizaciones trans tuvo como objetivo optimizar las técnicas y estrategias diseñadas para que el Indec realice con posterioridad la investigación a nivel nacional. También se hizo una evaluación del cuestionario que se había preparado, se ajustaron las estrategias de comunicación y se hizo una evaluación de la convocatoria voluntaria de las personas trans. En la prueba piloto se apeló a una línea 0800 y a la convocatoria directa por parte de las encuestadoras para que las entrevistadas se acercaran a alguna de las tres sedes establecidas en el territorio. En la encuesta respondieron 209 personas residentes en el partido elegido.
Alba Rueda, una de las referentes trans que actuó como entrevistadora, elogió la iniciativa del Indec, a la que calificó de “experiencia maravillosa” (ver nota aparte). Las personas trans sufrieron a lo largo de la historia políticas de criminalización por parte del Estado, como la prohibición del travestismo establecida en los edictos policiales y la judicialización de su imagen corporal, dado que sólo con autorización judicial se podía acceder a los tratamientos de cambio de sexo. La visibilidad y reconocimiento de gays, lesbianas y trans comenzó a operarse a partir de 2005, con las encuestas sobre la Marcha del Orgullo, y obtuvo un significativo avance con la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario, el registro de las parejas del mismo sexo en el Censo 2010 y la Ley de Identidad de Género aprobada este año en el Congreso nacional, que garantiza el derecho a la identidad de las personas trans y restituye el derecho a la salud integral.
Aunque se puso el acento en los temas relacionados con la discriminación, la identidad, la educación, la seguridad social y el acceso a la Justicia, en la prueba piloto también se receptaron datos sobre condiciones generales de vida, migraciones, participación social y acerca del conocimiento de las leyes, normativas y resoluciones que protegen contra la discriminación. También se las consultó sobre si conocen cuáles son los organismos ante los cuales hacer denuncias sobre hechos de violencia.
El 71,8 por ciento de las entrevistadas vive acompañada por otras personas. El 42,1 por ciento tiene 36 años o más, el 38,8 de 26 a 35, el 18,7 por ciento de 18 a 25 años, y se registró un solo caso de una persona trans menor de 17 años. El 67 por ciento se identificó a sí misma como travesti, el 15,3 como hombre trans, el 7,2 como mujer trans, el 5,3 como transexual, el 3,8 como transgénero. Hubo dos casos que eligieron “otra” identidad y un caso en el cual la entrevistada dijo ser “intersex”.
El 97,6 por ciento de las encuestadas nació en la Argentina y se registraron sólo dos casos de cambio de sexo. El 47,8 por ciento de las encuestadas expresó socialmente su identidad de género entre los 13 y los 17 años, mientras que un 32,5 lo hizo antes de los 12 años. Un 15 por ciento pudo hacerlo recién entre los 18 y los 25 años, en tanto que un 3,8 por ciento pudo manifestarse entre los 26 y los 35.
En este punto se llega a uno de los temas principales: el de la discriminación. Un 49,8 por ciento reveló que la actitud discriminatoria se manifestó entre familiares o parientes; el 41,1 por ciento recibió el rechazo de parte de sus amigos; el 63,2 por ciento fue discriminado por sus vecinos y sólo el 17,2 por ciento por su pareja o ex pareja, mientras que el 84,7 por ciento admitió haber vivido experiencias de discriminación en la vía pública. En lo que respecta a la educación, el 92,8 por ciento de las entrevistadas dijo que asiste o asistió regularmente a establecimientos educativos. Eso dio lugar a indagar sobre cómo es recibida la identidad de las personas trans en el ámbito de la escuela.
En este punto, el 26,4 por ciento dijo haber sufrido algún tipo de discriminación por parte de directoras/es de escuela y el mismo porcentaje recibió igual maltrato de maestras/os o profesoras/os. El 21,6 por ciento sintió el rechazo de parte del personal no docente, pero lo más significativo es que el 58,2 por ciento (121 casos en total) fue discriminado por sus propios compañeros de curso o de grado. Y lo más grave fue que el 44,5 por ciento (73 casos) declaró que tuvo que dejar la escuela con motivo de la discriminación vivida. El 47,6 por ciento pudo llegar al secundario, mientras que el 37 por ciento accedió sólo al ciclo primario, el 8,7 al EGB y el 4,8 por ciento al nivel superior no universitario o a la universidad.
Una de las encuestadas tiene nivel post-universitario. En las entrevistas se determinó que el 47,1 por ciento (98 casos) pudo completar el nivel de enseñanza al que llegó, mientras que el 52,9 (110 casos) no pudo hacerlo.
Uno de los capítulos más dramáticos son los hechos de discriminación por parte de la policía, situación por la que ha pasado el 76,6 por ciento (160 casos) de las entrevistadas. En ese marco se recibió información sobre 54 hechos (33,8 por ciento) de “extorsión, amenazas, maltrato y humillación”); 32 casos (20) de detenciones arbitrarias; 24 (15) de violencia verbal; 22 (13,8) de violencia física; otros 22 (13,8) de violación o abuso sexual, y cuatro hechos de tortura.
Al consultar sobre el conocimiento de sus derechos y de la existencia de leyes y normativas que protegen de la discriminación, el 62,2 por ciento (130 encuestadas) dijo que está al corriente y el 37,3 por ciento (78 casos) que las desconocía. El 60,8 por ciento dijo haber recibido información sobre la Ley de Identidad de Género, cuya reglamentación fue difundida el 1º de junio, poco antes del comienzo de la prueba piloto. En cambio, sólo el 34,4 por ciento respondió en forma positiva cuando se le preguntó si había recibido orientación jurídica sobre discriminación o hechos de violencia. De todos modos, el 68,9 por ciento dijo saber de la existencia de organizaciones que las protegen en materia de discriminación. En las entrevistas se registraron 110 casos (52,6 por ciento) de detenciones sin intervención de un juez, 63 hechos (30,1) con intervención judicial en el fuero contravencional y 31 detenciones (14,8) en el marco de una causa judicial.
En el bloque sobre Seguridad Social, la encuesta reveló que el 80,4 por ciento (168 casos) no cuenta con obra social ni prepaga, ni plan estatal. Apenas 26 de las entrevistadas (12,4 por ciento) recibe jubilación o pensión, y en 47 de los casos (22,5) son beneficiarios de dinero o mercancías por parte del Estado. En ese marco, el 50,2 por ciento (105 casos) sufrió algún tipo de discriminación por su identidad trans al hacer trámites o reclamos en alguna oficina pública. El 79,9 por ciento (167 casos) concurre al hospital público cuando tiene algún problema de salud. En cambio, apenas el 22,5 por ciento (47 casos) se asiste en establecimientos privados.
El 38,3 por ciento (80 casos) fue discriminado por parte de médicas/os, mientras que el 31,1 por ciento (65 hechos) soportó el rechazo de parte de enfermeras/os, y el 38,3 por ciento (80) por personal administrativo de hospitales o clínicas. A raíz de esa situación vivida, 37 pacientes (31,6 por ciento del total encuestado) tuvieron que abandonar algún tratamiento médico. Lo más grave fue que un 48,7 por ciento (57 de los casos) directamente tuvo que dejar de concurrir a un ámbito de salud determinado. El 25,8 de las encuestadas participa en actividades promovidas por organizaciones sociales y el 8,6 por ciento milita en algún partido político.
El 80,9 por ciento (169 casos) realiza actividades por las cuales recibe dinero. El porcentaje más alto, el 42,6 por ciento (72 casos), no tiene otro medio de vida que el de prostituirse. Si se suma a las que también fueron prostitutas y hoy lograron salir de ese círculo, las cifras llegarían al 73,2 por ciento (153 casos en total). De los que trabajan en otras actividades, el 29 por ciento (49 casos) es cuentapropista, el 17,8 (30 casos) trabaja en fábricas u oficinas, el 6,5 por ciento (11 casos) en tareas relacionadas con la religión y siete de las encuestadas declararon ser la patronal. El 72,2 por ciento está buscando otra fuente de ingresos pero, ante otra pregunta, el 82,1 por ciento reconoce que cualquier búsqueda laboral se ve dificultada cuando se tiene asumida la identidad de persona trans. El 43,5 por ciento hizo cursos de capacitación laboral y a la mitad de ellas le sirvió para conseguir trabajo.
El 79,4 por ciento vive en una casa, el 79,6 tiene pisos de cerámica, madera o alfombra en su vivienda, el 90,8 por ciento habita en casas de ladrillo u otros materiales similares, el 74,8 por ciento posee agua por cañería dentro de la vivienda, el 64,1 por ciento usa gas en garrafa y el 35 por ciento está conectado a la red de gas. El 66,5 habita en viviendas propiedad de su familia o propias, mientras que el 22,3 por ciento alquila y el 6,3 tiene una vivienda que les fue prestada. Sólo cuatro de las encuestadas dijo haber tenido acceso a algún plan de vivienda y apenas nueve obtuvieron un crédito bancario. El 12,7 por ciento (27 personas trans) tiene una tarjeta de crédito.
