La Corte interviene por la baja en la coparticipación de Córdoba

El máximo tribunal de justicia convocó a una audiencia de conciliación para mediados de septiembre con la Nación. La semana pasada, la provincia decidió que no enviará los recursos de la coparticipación, destinados al financiamiento de la ANSeS.

La Corte Suprema de Justicia.

La Corte Suprema de Justicia convocará a representantes de la Nación y la provincia de Córdoba a una audiencia de conciliación, atendiendo el reclamo que el gobernador José Manuel de la Sota presentara luego de que la Legislatura provincial resolviera el abandono del Pacto Fiscal firmado hace veinte años.

Fuentes del alto tribunal indicaron que la audiencia tendría lugar a mediados de setiembre y de su resultado dependerá el destino del 15 por ciento de la masa de recursos coparticipables, destinados desde agosto de 1992 al financiamiento de la ANSES, y que en el año en curso superarían los 40 mil millones de pesos, de los que 23.600 millones corresponden a aportes de las provincias.

La decisión de la Corte se dio a conocer poco después de que uno de sus integrantes, Eugenio Zaffaroni, planteara que los reclamos por los fondos de coparticipación hechos por Córdoba y Santa Fe son de "raíz política" y por ende debían dirimirse en una mesa de negociación. 
"El Estado nacional sabe cuál es el estado del Tesoro, nosotros con una sentencia no podemos resolverlo", alegó el magistrado.

La Legislatura unicameral de Córdoba aprobó un proyecto de ley por el que se denuncia el acuerdo fiscal firmado en 1992, entre el Gobierno nacional y la provincia de Córdoba, y se pide el “cese inmediato y automático” de la retención establecida del 15 por ciento de la coparticipación para financiar el sistema previsional nacional.

El proyecto promovido por el gobernador José Manuel de la Sota consta de cuatro artículos y expresa que la denuncia se hace a partir del “presente ejercicio fiscal”.

También establece que los recursos de la coparticipación cedidos por Córdoba serán destinados a la Caja de Jubilaciones provincial, “hasta la concurrencia de los déficits que dicho organismo registra y que el remanente formará parte de los recursos que, por ley, se coparticipen con los municipios y comunas de Córdoba”.

El diputado nacional por la provincia de Córdoba, Fabián Francioni, se declaró en contra de la decisión de De la Sota y afirmó que "ninguna ley provincial puede estar por encima de un pacto federal". 

“Le quiere hacer creer a los ciudadanos que el problema de Córdoba es la Nación, pero el problema es que no está gobernando”, dijo Francioni y aseguró que el proyecto enviado por el gobernador a la legislatura provincial, tiende a “desfinanciar al ANSES, a los jubilados y a la Asignación Universal por Hijo”, entre otras consecuencias.

La ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos estableció en 1988 que de la masa de recursos total se destine el 42,34 por ciento a la Nación, el 56,66 por ciento a las provincias y un 1 por ciento a los ATN (Aportes del Tesoro Nacional).

El Pacto Fiscal del 12 de agosto de 1992 respetó esos porcentajes, pero estableció que antes del reparto se destinara el 15 por ciento de la masa coparticipables al sostenimiento del sistema previsional, en atención a que por entonces se planeaba transformar el régimen de reparto en uno de capitalización, algo que ocurrió en julio de 1994.

De ese 15 por ciento, las provincias aportan 8,499 puntos y la Nación los 6,501 restantes, pero en este último caso representa una transferencia dentro del mismo Estado Nacional.

Desde que el sistema previsional volvió a ser íntegramente estatal a partir de noviembre de 2008, existen dos posiciones acerca de cuál debe ser el destino de ese 15 por ciento.

Una postura entiende que los recursos deben volver a las provincias porque ya no está vigente la razón del aporte, que era la financiación de la transición de un sistema previsional a otro.

Pero desde la Nación se advierte que en el Pacto Fiscal se hace referencia al "sostenimiento del sistema previsional" sin especificaciones y además se hace mención a "otros gastos operativos".

De acuerdo con un cálculo de la consultora Economía & Regiones, entre 2000 y 2012 las provincias habrán aportado a la ANSES más de 108 mil millones de pesos a valores corrientes.