El diputado provincial justicialista, que representa al espacio Producción y Trabajo, Avelino Lago, presentó el 12 de julio pasado un proyecto de ley que prevé restringir los beneficios de salidas transitorias y condicionales a personas condenadas por delitos contra la integridad sexual, en particular para los casos de abuso con acceso carnal y los casos de trata de personas. En diálogo con Diario UNO, Lago explicó los fundamentos del proyecto y comparó la política criminal de Santa Fe con la de otras provincias argentinas.
—¿Por qué el proyecto se enfoca específicamente sobre delitos relativos a la integridad sexual?
—En la provincia de Santa Fe rige la Ley Nº 11.661, de adhesión a la norma nacional de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, sin embargo, esta sufrió dos modificaciones posteriores que son las que fijan una parte importante de la política criminal nacional y nuestra provincia no adhirió. Por lo tanto ahí quedó un blanco de acción que debe ser cubierto. Pero además, porque las personas condenadas por delitos contra la integridad sexual con acceso carnal, no tienen un programa de seguimiento y de tratamiento interdisciplinario durante su detención.
“En Mendoza, por ejemplo, que es la única provincia del país que tiene consagrada legislativamente la castración química, también existe un gabinete de tratamiento para personas condenadas por este tipo de delitos. Así, la persona recibe un tratamiento psicológico, psiquiátrico también. Una medida, como por ejemplo la castración química por sí sola, no basta. Hay que asegurar un tratamiento complejo para que el agresor, una vez saldada la pena pueda volver a reinsertarse en la sociedad y no constituir un riesgo latente”, agregó el diputado. Y aseguró que en la provincia de Mendoza, desde que se comenzó a aplicar el sistema integral de seguimiento y reinserción de los condenados por delitos de índole sexual, la reincidencia “ha disminuido considerablemente”.
Pero además, el diputado destacó que un equipo de trabajo con estas características también sería una herramienta de valor para el juez de ejecución penal, al momento de considerar si otorga o no los beneficios. “Para un juez, tener el dictamen de un gabinete que trabajó con el preso durante un tiempo prolongado y que considera que ha entendido el delito que cometió y que no lo volverá a hacer, es un aval muy importante para poder otorgar la institución legal”.
—Cuando se debatió el proyecto en Mendoza, una de las mayores críticas era que se trataba de una medida inconstitucional, porque es una disposición que corresponde que sea tomada por el Congreso de la Nación. ¿Tuvo en cuenta la competencia provincial al momento de elaborar el proyecto?
—Sí, lo analicé con jueces y constitucionalistas y se advierten algunas cuestiones que podría considerarse que están en una zona gris. De todas maneras, creo que fijar posiciones normativas en materia de política criminal complementarias de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales, tiene que ver con los derechos humanos de la sociedad, que el Estado provincial también debe garantizar.
“De todas maneras considero que este tema va a traer esta discusión de fondo: si la provincia es o no competente. Y pienso que un ejemplo de cómo fue aceptaba nuestra perspectiva surgió hace poco más de un mes, cuando la cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción al Registro de Violadores. En ese caso, sí hay un par de artículos que están más cerca de una inconstitucionalidad, que tienen que ver con la accesibilidad de la información, porque el individuo, cuando cumplió la condena, saldó su deuda con la sociedad. Pero en este caso lo que estamos diciendo es específicamente que como Estado nos estamos haciendo cargo del problema y que vamos a dotar a las unidades de detención de un equipo técnico criminológico que tenga más especificidad y una permanencia en el abordamiento de las conductas del condenado por este delito”.
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