El gobierno asegura que la política impulsada se desarrollará en "el marco de una política de reducción de daños" que "alerte" a los ciudadanos sobre los efectos nocivos del consumo de la droga.
La iniciativa establece que el Estado asumirá el control y la regulación de la importación, producción, adquisición, comercialización y distribución de cannabis. El gobierno charrúa sostiene que la medida permitirá "arrebatar al narcotráfico un negocio de entre 30 y 40 millones de dólares anuales", por lo que el proyecto mantiene en todos sus términos el decreto 14.294, de 1974, que prohíbe la comercialización entre privados.
El proyecto lleva la firma de todo el gabinete ministerial y forma parte del paquete de acciones contra el narcotráfico con el objetivo de separar el mercado de las drogas legales de las ilegales y permitir concentrar los recursos hacia las drogas con efectos más nocivos, como la pasta base.
Entre los argumentos, el gobierno de Mujica presentó las conclusiones alcanzadas por el conglomerado de organismos que forman la Comisión Global de Política de Drogas que señala la necesidad de revisión de las políticas contra el narcotráfico ejecutadas hasta el momento. Entre los integrantes de esa comisión están Fernando Henrique Cardozo, César Gaviria, Ernesto Zedillo, Javier Solana, Kofi Annan, Asma Jahagandir, Paul Volker, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, María Cattaui o Richard Branson.
Además, el Ejecutivo resaltó que el proyecto no se opone a ninguna normativa internacional y ejemplificó: "Holanda tiene legalizada la comercialización y el control de marihuana desde el año 1977".
Al no modificar la vigente prohibición del comercio de marihuana entre particulares, el gobierno asegura que la política impulsada se desarrollará en "el marco de una política de reducción de daños" que "alerte" a los ciudadanos sobre los efectos nocivos del consumo de la droga.
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