MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA En agosto, comenzará el tercer juicio oral en Mendoza

El Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza juzgará a 10 represores que integraban el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía de esa provincia, acusados de cometer delitos de lesa humanidad en perjuicio de 32 víctimas durante la última dictadura militar. "La importancia (de estos juicios) radica en que se está construyendo una Mendoza con memoria y con una justicia federal de la democracia", dijo el abogado Pablo Salinas, querellante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

El juicio "demuestra que, luego de la caída del `Imperio Romano´ y con una renovación en la justicia, avanzan las causas y se están empezando a producir los juicios", sostuvo Salinas.

El abogado valoró, además, la "conducta y trayectoria intachable" que atribuyó a los jueces que integran el tribunal, quienes, según dijo, cuentan con la "confianza tanto de parte de los organismos de derechos humanos como de los familiares". "Llevamos la lucha en la sangre. No buscamos venganza, sino justicia", subrayó.

Componen el TOF 1 de Mendoza los jueces Juan Antonio González Macías, Jorge Roberto Burad, Alejando Nosetti Achaval y Jorge Pizarengo, los dos últimos designados recientemente desde Buenos Aires, con lo que quedaron superadas algunas demoras.

La elevación a juicio imputó como represores de la 8va. Brigada del Ejército en Mendoza, en particular en su Centro Clandestino de Detención, a los oficiales Dardo Migno, Paulino Enrique Furió, Juan Antonio Garibotte, Ramón Angel Puebla y a Francisco Alsides Paris, quien a fines de 1976 y hasta febrero de 1979 sucedió como jefe de la Policía de Mendoza a Julio César Santuccione, ambos oficiales de la Fuerza Aérea.

Entre los policías está imputado Juan Agustín Oyarzábal Navarro, el ex jefe de operaciones a cargo de interrogar a los prisioneros y quien fue ya condenado a prisión perpetua, por otros delitos de lesa humanidad, en el juicio que concluyó en el 2011. Además de los policías Fernando Morellato Donna, Aldo Patrocinio Bruno Pérez, Ricardo Miranda Genaro y Armando Fernández.

Seis de los diez imputados participarán en las audiencias del juicio por teleconferencia por razones de salud, desde las ciudades donde residen (Paris y Migno en Rosario, Furió y Puebla en Buenos Aires, y Pérez y Oyarzábal en Mendoza). Aunque Luciano Benjamín Menéndez y Temer Yapur fueron también señalados en el requerimiento de elevación a juicio, se estima que ambos represores serán apartados, como ocurrió en otras causas por violaciones a los derechos humanos en las que fueron imputados.

Unos 130 testigos pasarán por las audiencias del juicio que se desarrollarán los jueves y viernes, a partir del 2 de agosto próximo, y todos los imputados estarán representados por defensores oficiales, según informaron fuentes de los tribunales.