La Argentina no va a aceptar ninguna resolución hasta que Uruguay presente las pruebas de los supuestos casos de corrupción o se disculpe públicamente", sostuvieron fuentes de la Cancillería a Tiempo Argentino. Timerman le pidió a su par uruguayo que impulse una denuncia penal si cree que hubo un ilícito en la contratación de Riovía.
La polémica entre la Argentina y Uruguay por supuestas irregularidades cometidas para renovar la concesión de la empresa holandesa Boskalis-Riovía en el dragado del canal Martín García del Río de la Plata tendrá su desenlace en la reunión que mantendrán la presidenta Cristina Fernández y su par oriental, José "Pepe" Mujica. Será el martes, en Brasilia, con motivo de la cumbre del Mercosur que oficializará una decisión histórica: el ingreso de Venezuela al bloque regional. El propio Mujica se encargó de informar de su reunión con Cristina. Anoche, en diálogo con Tiempo Argentino, el canciller Héctor Timerman confirmó que él, personalmente, le pidió a su par uruguayo, Nicolás Almagro, que presentara una denuncia penal "contra cualquier persona que, para ellos, haya cometido un ilícito o hubiera incurrido en tentativa de cometer un ilícito". El mismo pedido le hizo, confió Timerman, al embajador itinerante uruguayo, Julio Baraibar, un allegado de confianza de Mujica. Hasta ahora los funcionarios uruguayos no presentaron ninguna denuncia en la justicia.
Las presuntas maniobras cometidas por los representantes de la Argentina en la Comisión Administradora del Río de la Plata fueron mencionadas en un informe del Tribunal de Cuentas uruguayo. Basado en información "secreta", a la que no pudieron acceder los funcionarios argentinos, el informe del Tribunal de Cuentas generó interpretaciones contradictorias. La auditoría decía que el procedimiento de la prórroga de la concesión a Riovía SA generaba "dudas". También señalaba que los representantes argentinos habían dilatado el trámite para favorecer a la empresa holandesa con "manejos desprolijos". Sin embargo, cuando el informe comenzó a trascender en los medios, el gobierno uruguayo reconoció que "desde el punto de vista jurídico no existía, siquiera, la apariencia de un delito".
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