"La justicia resolvió garantizar la continuidad de la asamblea ordinaria y extraordinaria de Papel Prensa S.A. que fuera convocada en sede judicial el 29 de agosto pasado y suspendida por haberse retirado los representantes del Estado Nacional como consecuencia del exceso de violencia exhibido por los asistentes por parte del capital privado de la empresa", señala el comunicado de prensa emitido por la Secretaría de Comercio Interior. El texto añade que: "La jueza designó por el lapso de 90 días a dos veedores judiciales (Fernández Moores y Debenetti) quienes deberán brindarle un informe mensual acerca de su intervención en la empresa". "La Justicia a través de la resolución dictada recepta y ratifica los argumentos manifestados por el representante del Estado Nacional, quien acreditó su petición tanto con documentación como en la pertinente filmación" agrega el comunicado. Además expresa que "quedan en evidencia, una vez más, las sistemáticas acciones contrarias a derecho ejercidas por los representantes por el capital privado de Papel Prensa S.A. quienes desde hace más de dos años intentan, pergeñando todo tipo de estrategias ilegales, obstaculizar el ejercicio del derecho del cual es titular el estado Nacional, conforme a las acciones que detenta en la empresa". El pasado 29 de agosto y en el marco de la asamblea de accionistas de Papel Prensa. S.A. acordada con la justicia, los representantes del capital privado (los diarios Clarín y La Nacion) intentaron que la confección del acta fuera firmada solo por ellos. La situación fue rechazada de plano por el representante del Estado, el secretario de Comercio Guillermo Moreno, quien denunció además los "excesos de violencia" de parte de los representantes privados. Dicha asamblea quedó trunca y la justicia dispuso hoy la reanudación de la misma para el próximo 25 de septiembre, al tiempo que ordenó desplazar de su cargo de presidente de la asamblea al representante del diario Clarín.

Durante una colorida manifestación frente a la sede del gobierno porteño, el titular de UTE-Ctera, Eduardo López, afirmó que el acatamiento al paro en rechazo al traslado de seis docentes de la escuela de Monte Castro había sido del 90 por ciento, y recordó que "los docentes pelean por un sistema democrático, emancipador que incluye a todos los que piensan distinto".

La movilización docente que culminó en un acto frente a la jefatura del gobierno porteño estuvo precedida por los seis docentes sancionados, quienes marcharon con una cinta adhesiva sobre la boca simbolizando la medida aplicada contra ellos. El acto convocó a docentes, estudiantes, y a organizaciones gremiales, sociales y políticas. Participaron, entre otros, Tito Nenna, Juan Cabandié, Martín Sabbatella, Andrés Larroque y María Elena Naddeo, junto con el secretario general de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), Hugo Yasky.

El clima de la manifestación estuvo dominado por la defensa de la educación pública y una reiterada crítica a la política "arbitraria, de persecución y estigmatización del gobierno de (Mauricio) Macri", denunció López, quien comenzó su discurso preguntando "por qué nos persigue (Mauricio) Macri?: nos descalifica, nos persigue y nos castiga porque la educación pública es buena, porque la escuela pública no es un negocio".

El dirigente señaló que "los docentes peleamos por un sistema democrático, emancipador, que incluye a todos los que piensan distinto", y definió a la escuela como un espacio "de diálogo, de disenso, intercultural, que no discrimina, que es de todos y para todos". López destacó que "la pelea es entre una escuela autoritaria, como quiere Macri, y una escuela pública de todos y para todos".

Por su parte, Oroz denunció que el gobierno porteño "sanciona el disenso, persigue ideológicamente, y ahora castigó por luchar contra el cierre de cursos". "Que nos sancionen a todos, entonces", exclamó, tras sostener que "el ministro de Educación, Esteban Bullrich, pretende igualar el disenso democrático con el abuso a menores o el robo de bienes, porque la sanción que impartió es la que se aplica en esos casos". Acto seguido enumeró distintos actos de "censura" de la actual gestión, denunció el "0800 buchón" y enfatizó que "este conflicto es entre la patronal y los trabajadores". Oroz, por último, llamó a "no tomar los cargos" vacantes el próximo miércoles y exigió "la restitución inmediata de los docentes desplazados y la anulación del sumario".

Al cierre de la protesta, uno de los docentes sancionados reivindicó "la dramatización" que realizaron en el colegio, tras aclarar que "no fue una 'sátira'", y denunció que el video que se dio a conocer "está fraccionado, mal filmado, se escucha mal" y no expresa el trabajo pedagógico que se realizó. Pidió "disculpas" si alguien se sintió ofendido, pero defendió "el derecho de manifestar que no estamos de acuerdo" con la medida de cierre de grados.