La justicia sólo se dedica a tramitar los requerimientos presentados por los abogados de Magnetto y Mitre, pero no ordena ni una sola medida para determinar si fueron o no partícipes necesarios de delitos de lesa humanidad.
Podría ser un cuento kafkiano, pero es la realidad. A través de presentaciones judiciales incesantes, Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre lograron que la investigación sobre la apropiación de Papel Prensa se paralice y no produzca ni una sola prueba desde hace un año. El desafío judicial es tan complejo como concreto: “debe investigarse si existió un conjunto de acciones ilegales diversas y articuladas entre sí que, con intervención de la estructura del aparato represivo estatal, habría tenido por finalidad lograr la transferencia compulsiva de acciones de Papel Prensa SA, que eran propiedad del Grupo Graiver, a favor de las empresas La Nación SA, Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA) y La Razón SA”. No lo sostuvo un fiscal en soledad ni un juez trasnochado. Lo exigieron dos jueces, dos fiscales y la Sala I de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, gracias a diferentes presentaciones realizadas por los abogados Alejandro Pérez Chada y Hugo Wortman Jofré, el expediente está en "estudio” en la Secretaría General de la Cámara de Casación, después de recorrer desde agosto del año pasado un camino judicial empantanado de medidas técnico-jurídicas, alejadas de la investigación.
“Planteo de nulidad”, “contestación de traslado”, “recurso de queja”, “declaración de inadmisibilidad”, “elevación de la causa” son términos legales a los que hay que acostumbrarse si se pretende entender el entramado judicial en el que está atrapada la búsqueda de verdad. Si alguien creía que las dilaciones sólo podían existir ante las diferentes declaraciones de incompetencia, venidas desde la ciudad de La Plata (el 11/04/11), como desde Buenos Aires (el 4/08/11), se equivocó. Porque a la resolución de los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah, de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, de que sea la justicia federal porteña la que lleve adelante la investigación y llamar a sorteo para establecer quién debía ser el juez de instrucción (el beneficiado fue Hernán Ercolini), le siguió una presentación de los abogados de los imputados en la que solicitaron la “nulidad parcial” de esa resolución (del 6/12/11), ya que se pronunciaron “sobre una cuestión para la que no se hallaba legalmente legitimada”. Para seguir usando todos los recursos a su alcance no hicieron la presentación ante la Sala I que había tomado la decisión, sino ante el juzgado de primera instancia, forzando los propios límites de un juez para resolver una decisión de un “superior”, es decir una Cámara, de acuerdo con el punto de vista de la querella. No suena lógico que tenga que resolver un juez sobre una decisión que tomó la Cámara, pero eso fue lo que pidieron.
No hay comentarios:
Publicar un comentario