La minera El Aguilar, implicada en la desaparición de trabajadores durante la dictadura militar, logró archivar una denuncia en su contra por contaminación masiva en Jujuy. Usó sus influencias para desplazar a un fiscal que la investigaba, y cierra rutas para impedir que se tomen muestras del agua envenenada en la Quebrada de Humahuaca. Un grupo de comunidades intenta reflotar la investigación.
La empresa, que utiliza a la Gendarmería Nacional como seguridad privada y controla el acceso a rutas y caminos públicos de la provincia, sacó del medio a uno de los que más molestaba. Antonio Gustavo Gómez, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental para el NOA que impulsó la investigación desde el comienzo, ya no cuenta para trabajar con jurisdicción en Salta y Jujuy. Tierra muy afecta a que los jueces, además, reivindiquen y protejan a los genocidas.
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