Tras la denuncia de Tiempo Argentino y varios meses de dilaciones, la Cámara dispuso que sea la Sala III la que se expida sobre los recursos presentados por las defensas de Mitre y Magnetto.
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió ayer que sea la Sala III de ese tribunal la que defina "sin más trámite" un recurso interpuesto por las defensas particulares del director del diario La Nación, Bartolomé Mitre y del CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, para destrabar la investigación por la supuesta apropiación ilegal de Papel Prensa. Aun resta que los camaristas delimiten la competencia territorial –si será la justicia porteña o la de La Plata la que tenga a su cargo el expediente–, algo que viene dilatándose en el tiempo. La resolución se conoció el mismo día en que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, mantuvo una reunión con el presidente de la Cámara de Casación, Pedro David, con el objetivo de expresar su preocupación por la demora en el trámite de la causa que investiga los hechos de privación ilegal de la libertad de los integrantes del Grupo Graiver y la transferencia de acciones de la empresa en beneficio de los diarios Clarín, La Nación y La Razón.
En ese encuentro, el presidente del máximo tribunal penal del país le comunicó la definición que adoptaron en respuesta a la presentación que hizo la Secretaría la semana pasada –en su calidad de parte querellante– algo que tenía por objetivo destrabar la causa que, tal como informó Tiempo Argentino en su edición del domingo pasado, lleva casi un año enmarañada por la presentación de recursos por parte de las defensas, y no registra avances en la definición sobre quién debe llevar adelante la investigación. Este dictamen emitido anoche, que lleva la firma de los magistrados Pedro David, Alejandro Slokar, Ángela Ledesma, Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos sólo zanjó el conflicto entre las Salas I y III de Casación, para que sea esta última la que dirima la competencia territorial para la tramitación de la causa. No suscribió la jueza Ana María Figueroa, debido a que fue ex letrada apoderada de la Secretaría de Derecho Humanos, denunciante de la presunta apropiación de la firma. El fallo hizo un repaso por la cronología de los aspectos que derivaron en que, desde hace varios meses, las Salas I y III se adjudicaran una a otra la responsabilidad sobre la decisión con distintos argumentos.
Según pudo saber este diario de fuentes judiciales, en la reunión realizada en el primer piso de Comodoro Py, participaron además del secretario de Derechos Humanos otros funcionarios del organismo como el subsecretario, Luis Alén, y la asesora legal y técnica de esa dependencia, Ana Oberlín. Fresneda le comunicó a David su inquietud por la paralización del trámite del expediente que se encontraba "en revisión" por parte de ese fuero. Este último, indicaron las fuentes, expresó su "compromiso" para que avance la causa que intenta determinar si el grupo de diarios tuvo complicidad con la dictadura para hacerse de Papel Prensa. La semana pasada, la Secretaría había presentado un pedido de resolución "urgente" para que Casación defina el juzgado de instrucción, algo que ahora quedará en manos de la Sala III de ese tribunal.
La investigación por la apropiación de la firma proveedora de papel para diarios se inició el 30 de marzo de 2010, y desde entonces no ha encontrado más que obstáculos y maniobras dilatorias para su avance. El juez Daniel Rafecas rechazó el 4 de agosto del año pasado su competencia en el expediente porque entendía que la investigación tenía que realizarse en La Plata, donde se inició la causa, y que además suma la competencia jurisdiccional sobre los centros clandestinos de detención donde denunciaron que fueron secuestrados y torturados los miembros del Grupo Graiver, dueños de las acciones de Papel Prensa. Desde La Plata replicaron en sentido contrario la competencia. El 6 de diciembre de 2011, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal declaró la competencia de la justicia porteña y a través de un sorteo, las 14 mil fojas que acumula el expediente recayeron en el juzgado a cargo de Julían Ercolini. Las defensas de Mitre y Magnetto plantearon la nulidad de la resolución por no haber consultado nuevamente a Rafecas y con ello pidieron acudir a Casación, a lo que la Secretaría de Derechos Humanos se opuso. El 9 de febrero pasado, la Sala I de la Cámara declaró "inadmisible" la pretensión de los abogados defensores porque "no sólo no se ha vulnerado el principio de juez natural, sino que tampoco se ha obstruido el proceso, pues lo decidido procura favorecer el avance de la investigación, en pos de la celeridad procesal".
En ese encuentro, el presidente del máximo tribunal penal del país le comunicó la definición que adoptaron en respuesta a la presentación que hizo la Secretaría la semana pasada –en su calidad de parte querellante– algo que tenía por objetivo destrabar la causa que, tal como informó Tiempo Argentino en su edición del domingo pasado, lleva casi un año enmarañada por la presentación de recursos por parte de las defensas, y no registra avances en la definición sobre quién debe llevar adelante la investigación. Este dictamen emitido anoche, que lleva la firma de los magistrados Pedro David, Alejandro Slokar, Ángela Ledesma, Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos sólo zanjó el conflicto entre las Salas I y III de Casación, para que sea esta última la que dirima la competencia territorial para la tramitación de la causa. No suscribió la jueza Ana María Figueroa, debido a que fue ex letrada apoderada de la Secretaría de Derecho Humanos, denunciante de la presunta apropiación de la firma. El fallo hizo un repaso por la cronología de los aspectos que derivaron en que, desde hace varios meses, las Salas I y III se adjudicaran una a otra la responsabilidad sobre la decisión con distintos argumentos.
Según pudo saber este diario de fuentes judiciales, en la reunión realizada en el primer piso de Comodoro Py, participaron además del secretario de Derechos Humanos otros funcionarios del organismo como el subsecretario, Luis Alén, y la asesora legal y técnica de esa dependencia, Ana Oberlín. Fresneda le comunicó a David su inquietud por la paralización del trámite del expediente que se encontraba "en revisión" por parte de ese fuero. Este último, indicaron las fuentes, expresó su "compromiso" para que avance la causa que intenta determinar si el grupo de diarios tuvo complicidad con la dictadura para hacerse de Papel Prensa. La semana pasada, la Secretaría había presentado un pedido de resolución "urgente" para que Casación defina el juzgado de instrucción, algo que ahora quedará en manos de la Sala III de ese tribunal.
La investigación por la apropiación de la firma proveedora de papel para diarios se inició el 30 de marzo de 2010, y desde entonces no ha encontrado más que obstáculos y maniobras dilatorias para su avance. El juez Daniel Rafecas rechazó el 4 de agosto del año pasado su competencia en el expediente porque entendía que la investigación tenía que realizarse en La Plata, donde se inició la causa, y que además suma la competencia jurisdiccional sobre los centros clandestinos de detención donde denunciaron que fueron secuestrados y torturados los miembros del Grupo Graiver, dueños de las acciones de Papel Prensa. Desde La Plata replicaron en sentido contrario la competencia. El 6 de diciembre de 2011, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal declaró la competencia de la justicia porteña y a través de un sorteo, las 14 mil fojas que acumula el expediente recayeron en el juzgado a cargo de Julían Ercolini. Las defensas de Mitre y Magnetto plantearon la nulidad de la resolución por no haber consultado nuevamente a Rafecas y con ello pidieron acudir a Casación, a lo que la Secretaría de Derechos Humanos se opuso. El 9 de febrero pasado, la Sala I de la Cámara declaró "inadmisible" la pretensión de los abogados defensores porque "no sólo no se ha vulnerado el principio de juez natural, sino que tampoco se ha obstruido el proceso, pues lo decidido procura favorecer el avance de la investigación, en pos de la celeridad procesal".
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