lunes, 3 de septiembre de 2012

Rechazo al voto calificado que pide un sector conservador de la oposición


Especialistas cuestionaron la propuesta del diputado Alberto Asseff, quien sostuvo que únicamente deben votar aquellos jóvenes que estén cursando estudios.


El debate sobre el voto optativo para los jóvenes de entre 16 y 18 años va calando cada vez más fuerte en la sociedad argentina. La cuestión sobre si las personas de esa franja etaria deben acceder a ese derecho ciudadano o no hace pensar en decisiones políticas que cambiarán mucho más que el escenario electoral del país.
En ese clima de debate que se ha abierto, un diputado del peronismo disidente, Alberto Assef, propuso que sólo voten aquellos jóvenes que están cursando algún tipo de estudios. “No puede votar un adolescente que no estudia" porque "no se hacen campañas para quienes no han completado sus estudios", dijo en Radio América, y se despertó la polémica.
El sociólogo e historiador  Waldo Ansaldi, la politóloga María Esperanza Casullo y el periodista Federico Vázquez cuestionaron la idea del diputado opositor y analizaron qué implica el proyecto del senador Aníbal Fernández para la sociedad.
“Es un disparate porque implicaría una discriminación similar a la que supo existir en el pasado en muchos países: el establecimiento de derecho a voto por carácter censatario o por la condición de alfabeto o analfabeto. En la tradición argentina, desde 1912 está legalmente establecida la universalidad del sufragio para los varones y desde 1949 para las mujeres. Incluso antes de la ley Sáenz Peña, la Argentina no tuvo explícitamente una legislación restrictiva en los derechos de ciudadanía política aunque en la práctica se ejerciera. De modo que me parece una actitud totalmente insostenible”, consideró Waldo Ansaldi, Doctor en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba y director del Instituto de Estudios sobre América Latina y el Caribe (IEALC) de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).
“Pensar que debe existir una relación entre el derecho al voto y algún tipo de capacidad o preparación va a contramano de los derechos políticos que la sociedad argentina construyó en el último siglo. La discusión en torno a la edad es válida, pero resulta bastante desalentador que los que se oponen a la votación de los jóvenes tiendan a argumentar a partir de si los jóvenes tienen o no capacidades, o estudios eso es retrotraer la discusión a mediados del siglo XIX”, aportó Federico Vázquez, periodista y coautor del libro “Integración o dependencia”.
“El voto no puede requerir calificaciones educativas para los jóvenes, ya que no los requiere para los adultos”, evaluó la Doctora en Ciencia Política María Esperanza Casullo.
Los jóvenes y el voto
“El debate debe ser acerca de los efectos políticos y jurídicos de tal o cual decisión, no acerca de la naturaleza esencial de los jóvenes. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias del voto de los jóvenes a partir de los 16, para el sistema político? Creo que no serían demasiado radicales, ni para bien, ni para mal. No veo que haya mucho para oponerse”, expresó Casullo.
Para Ansaldi, “el proyecto de ley va a tono con una legislación que ya está en marcha en varios países”. “En América Latina, Brasil lo tiene desde la reforma constitucional de 1988 con un criterio que me parece atendible. Los brasileños establecieron que en la banda etaria de 16 a 18 años el voto es optativo, lo cual me parece un buen criterio, y lo equipara en la legislación argentina a los mayores de 70 años. En el contexto actual, me parece que la ampliación de derechos de los jóvenes está a tono con una legislación mundial que reconoce los derechos de niños y adolescentes”, afirmó.
“El proyecto me parece interesante porque significa una ampliación de derechos. Pero eso, más que en la modificación sobre la edad del voto, lo vemos en la ampliación de la ciudadanía política para los extranjeros con residencia permanente en el país. O sea, los jóvenes de última, dos años después ya son ciudadanos, en el caso de los extranjeros, tengan 16 o 58 años estaban fuera de la discusión política nacional. Eso, en un país que tiene una gran inmigración (se calcula que es al menos el 5% de la población) se vuelve una situación de exclusión política importante y es muy saludable que se modifique la ley para incorporarlos a la vida política”, concluyó Vázquez, aportando un elemento al debate que hasta ahora no ha sido muy visibilizado. 

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