Comenzó hoy el juicio para los 38 acusados por los escándalos de corrupción perpetuados en 2005 cuando en Brasil era presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tanto juristas como la prensa lo llamaron el "juicio del siglo".
Son juzgados tres ex ministros y otros 35 entre políticos y empresarios. Las acusaciones van desde malversación, lavado de dinero, corrupción activa y pasiva, hasta asociación ilícita y evasión de divisas.
El caso incluye por un lado sobornos que fueron supuestamente perpetrados en los años 2003, 2004 y 2005 a decenas de diputados y por otro también desvíos de dinero público y privado para financiar en 2002 la campaña de Lula a la presidencia.
Casi todos los acusados se declaran inocentes. Sin embargo el ex tesorero del PT y una de las piezas clave del caso, Delubio Soares, reconoció que pudo incurrir en un delito electoral al no registrar todos los recursos que ingresaban al partido.
El estallido
El caso salió a la luz cuando en 2005, cuando el diputado aliado Roberto Jefferson, reveló a la prensa la existencia de un esquema de corrupción en el PT. El "mensalao", como se lo conoce a esta red de corrupción político-privada, funcionaba a través de un publicista dueño de varias empresas, Marcos Valerio de Souza, que logró contratos para realizar campañas del Gobierno.
Los recursos que quedaban de esas campañas iban directamente para parlamentarios y sus asesores. A su vez Souza contraía préstamos con bancos privados y públicos que iban a parar a las arcas del partido.
El más relevante de los acusados es José Dirceu, exministro de la Presidencia y figura clave del Gobierno de Lula y del PT, quien se vio obligado a renunciar cuando surgieron las primeras denuncias.
Lo que sucedió hoy
Según informó el diario O Globo, pasadas las 14 en Brasilia se dio inicio al mayor juicio de la historia del Supremo Tribunal Federal. Ya sobre el comienzo de la sesión hubo una discusión entre los ministros que conforman el tribunal.
El juicio comenzó con la lectura de los nombres de todos los acusados por parte del ministro Ayres Britto. Luego, el ex-ministro Márcio Thomaz Bastos, abogado del ex-director del Banco Rural José Roberto Salgado, propuso una cuestión de orden para solicitar el desmembramento del proceso, alegando "inconstitucionalidad del tribunal para juzgar acusados que no tienen prerrogativa de foro". Otros abogados reiteraron el pedido de Bastos, como los de Marcos Valério y de José Genoíno.
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