En 1976 el entonces comisario Fernando Morellato pidió por escrito a la Policía Federal una “picana” para interrogar a dos militantes que desaparecieron en Mendoza. Veintitrés lo denunció en 2004. El próximo 6 de junio enfrentará un juicio como acusado por delitos de lesa humanidad.
Prolijo. El ex comisario Fernando Morellato necesitó una picana e hizo el pedido por escrito.
En la lista de los nombres de represores reciclados en el rubro seguridad privada está Fernando Morellato. Llevaba 16 años fuera de la Policía de Mendoza cuando enfrentó la primera denuncia que publicó la revista Veintitrés en su edición del 13 de mayo del 2004 luego de una investigación periodística.
Al momento de ser entrevistado, Morellato estaba cómodamente instalado en su despacho de la Organización Micael S.A., ubicada en Dorrego de Guaymallén. Allí, rodeado de sus títulos como técnico de fútbol, presidente del Club Atlético Argentino además de presidente de la Cámara de Empresas de Seguridad e Investigaciones de Mendoza, accedió a responder las preguntas del periodista Rodrigo Sepúlveda sin saber que este había dado con su legajo policial y había descubierto allí una hoja escrita por el jefe del D2, Pedro Dante Sánchez Camargo, en 1976.
En dicha hoja, el apodado “El Loco” (se solazaba al contar cómo ejecutaba personalmente las sesiones de tortura) castigaba a Morellato con dos días de arresto porque con su accionar había lesionado “el principio de autoridad moral” de la fuerza”. La trama detrás de esa sanción era la siguiente: el Cuerpo Motorizado de Vigilancia tenía precisas instrucciones del D2 de capturar a dos militantes de la agrupación Montoneros que prácticamente estaban acorralados, pero algo salió mal porque desde la sede de la Comisaría 25, Fernando Morellato hizo llegar a la Policía Federal un escrito de pedido de “elemento eléctrico mecánico” a modo de préstamo, para poder interrogar a los detenidos.
La falla ética, según Sánchez Camargo, fue no haber acudido a la propia Policía de Mendoza, además de aprovechar la movida para quedarse con los objetos personales de los detenidos. Según la versión de Morellato esa nota fue producto de una vieja interna policial que mantenía con el fallecido jefe del D2. Morellato aseguró además que nunca vio una picana eléctrica y que es “muy humano y demasiado sensible para torturar”.
Ahora resta ver si esa versión es real o no ya que el próximo 6 de junio comienzan las audiencias de un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad en el Tribunal Oral Federal Nº 1. La acusación contra Morellato está basada en tres hechos. Además de la detención de los militantes Oscar Ramos y Daniel Iturgay, está la de Miguel Alfredo Poinsteau, quien también fue capturado y privado ilegítimamente de su libertad, presumiblemente en la misma fecha.
Esta historia extraída del legajo personal de Morellato no es cualquier historia. Se trata del único documento hallado en Mendoza donde una autoridad reconoce la detención de dos personas que están desaparecidas. Por lo general, el modus operandi de la represión de los ’70 consistía en generar otro tipo de documentos, siempre mendaces, como por ejemplo los que libraban órdenes de captura. No era casual. Si en los papeles las personas eran “prófugas” se interpretaba que nunca habían sido detenidas, ese era el mensaje que se quería transmitir, liberado de tener que explicar cómo es que una persona que está desparecida se ha fugado de un lugar de detención.
Lo que nadie iba a esperar es que se pidiera formalmente y por escrito una picana para torturar a los prisioneros ilegales que estaban en poder de la policía mendocina. Esto es lo llamativo y lo que vuelve singular este caso que ahora se discutirá en una audiencia oral y pública.
El último paradero conocido de Ramos, Iturgay y Poinsteau es el D2. Fernando Morellato admitió que fueron detenidos por personal a su cargo. En breve enfrentará un juicio similar al que llevó a la cárcel a otro peso pesado de la tortura y represión ilegal, Eduardo Smaha Borzuk, alias “El Ruso”. Morellato y Smaha tienen mucho en común, los dos fueron comisarios a comienzos de la democracia, se reciclaron como empresarios de la seguridad privada y fueron convocados durante el gobierno de Julio Cobos para su plan “antidelito” en el 2007.
En mayo de ese año, el entonces ministro de Seguridad Alfredo Cornejo firmó un acuerdo con las empresas de vigilancia representadas por Morellato, que fue considerado “histórico” por los agentes privados. El gobernador Julio Cobos habló en aquella reunión y quiso ser parte de la celebración, pero luego se llamó al silencio al ver la reacción generada por la foto del Diario Uno con la imagen del ex represor estrechándole la mano a su ministro.
El plan “antidelito” de Cobos se diluyó luego de que el periodista Rodrigo Sepúlveda recordara los oscuros antecedentes de uno de sus protagonistas desde su programa de Radio Nihuil y hablara de la vergüenza de aquella foto. También el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) elevó un pedido concreto al ministro de Justicia de la Nación. La nota de abril de 2007 aseguró que “quedó en evidencia la falta de control sobre el sistema de seguridad privada” durante el período de gobierno de Julio Cobos.
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