El Tribunal Oral en lo Criminal 21 rechazó suspender el juicio por el homicidio de Mariano Ferreyra y las lesiones a otros militantes del Partido Obrero, como lo había solicitado la defensa de uno de los 17 procesados por el hecho, entre ellos José Pedraza.
El juicio contra el dirigente de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y otros 16 acusados por el crimen del joven militante Mariano Ferreyra se inició este lunes con la lectura de las acusaciones y de decenas de planteos de nulidad presentados por los defensores de los imputados, pese a lo cual el Tribunal Oral en lo Criminal 21 (TOC 21) rechazó suspender las audiencias.
Los jueces Horacio Días, Diego Barroetaveña y Carlos Bossi anticiparon que este martes, al reanudarse la audiencia a las 10, resolverán sobre esos planteos que coordinadamente expusieron uno a unos los abogados de los diez “ferroviarios” acusados en un último intento por postergar el juzgamiento de sus defendidos.
Aunque el TOC 21 reconoció que también hay una recusación que aún está pendiente de una resolución de Casación, decidió “avanzar con el juicio” aduciendo que, en caso contrario, cualquier planteo similar provocaría la suspensión del debate oral y público.
A diecinueve meses del asesinato cometido cuando Ferreyra se desconcentraba de una protesta contra la tercerización de empleados en cercanías de la estación Barracas, el 22 de octubre de 2010, Pedraza y su segundo en el gremio, Juan Carlos “Gallego” Fernández, llegaron esposados al tribunal acusados de instigar la agresión para poder cobrar los subsidios que pagaba el Estado.
Junto a ambos se ubicó en el banquillo de los acusados el delegado de la línea Roca, Pablo Díaz, acusado de organizar el grupo agresor, y más allá el barra Cristian Favale y Gabriel Sánchez, presuntos autores de los disparos que además de matar a Ferreyra hirieron a Nelson Aguirre, Ariel Pintos y Elsa Rodríguez, que quedó parapléjica y este lunes presenció a la audiencia en silla de ruedas hasta que se retiró indispuesta.
La jornada se desarrolló en una sala colmada entre los que estaban, entre otros, Nora Cortiñas, de la Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el dirigente del Partido Obrero –en el que militaba Ferreyra-- Néstor Pitrola, los diputados Claudio Lozano y Martín Sabbatella, la ex legisladora Vilma Ripoll, y los periodistas Horacio Verbitsky que encabeza el CELS –patrocinante de la familia Ferreyra- y la ensayista Beatriz Sarlo.
Afuera del edifico de los tribunales federales de Retiro, centenares de manifestantes con banderas rojas del PO y otras agrupaciones siguieron el inicio del juicio y valiéndose de altavoces, pidieron “justicia para Mariano Ferreyra y “perpetua” para Pedraza.
En un acto en la casa de Gobierno, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aludió este lunes al crimen y al juicio; abogó por el castigo a los responsables directos e indirectos y recordó que fue el gobierno el que aportó los datos que permitieron detener a la patota merced a la información obtenida por un intendente del conurbano que hizo llegar directamente los datos al ex presidente Néstor Kirchner.
La Gendarmería se hizo cargo de la seguridad del edificio, dado que entre los acusados hay siete policías federales, que llegaron en libertad pero con cargos por no haber impedido la agresión y ni haber detenido a los autores, entre ellos Hugo Lompizano y Luis Mansilla, jefes de seguridad metropolitana.
El primero de los defensores en pedir la nulidad de las actuaciones fue Oscar Igounet, que patrocina al picaboletos Guillermo Uño, que, como todos los demás, adujo la imposibilidad defender adecuadamente su cliente porque, según dijo, no se le permitió ofrecer prueba.
“No se buscó esclarecer la causa” sino que “se trató de un proceso ‘direccionado’ contra Pedraza”, expuso en otro planteo de nulidad su defensor Carlos Froment, un penalista que comparte estudio con José María Orgeiras y en 1985 participó de las defensa de Roberto Viola en el juicio a los comandantes.
Previo al inicio formal del debate oral se permitió el ingreso de reporteros gráficos, sin hacer lugar a un pedido para que un acusado se retirase de la sala y a lo sumo se lo dejó bajar la cabeza para evitar los flashes.
Sobre algunos de los procesados pesan, además, acusaciones por presunta coacción a un grupo de periodistas que intentaban filmar imágenes de los hechos, en tanto que a uno de los policías sometidos a juicio se le atribuyó haber dejado de filmar el episodio.
“Todos estaban conectados y coordinados cuando los acontecimientos se desarrollaban”, consignó en su momento en un dictamen el fiscal de instrucción de primera instancia Fernando Fizser.
“La finalidad era aleccionar a los (trabajadores) tercerizados para que no cortaran las vías y mantener en sus cargos a Pedraza y Fernández”, quienes habrían dirigido todo desde la sede de la UF, a través de comunicaciones telefónicas con Díaz.
No hay comentarios:
Publicar un comentario