MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA Jujuy juzga por primera vez a los represores

En el Salón de Audiencias de la Secretaría Electoral Federal comenzó el juicio oral y público contra el extitular del Tercer Cuerpo del Ejército durante la última dictadura cívico-militar, Luciano Benjamín Menéndez; el exdirector del Servicio Penitenciario provincial, Antonio Orlando Vargas; y los exoficiales de Inteligencia José Eduardo Bulgheroni y Mariano Rafael Braga, acusados por la desaparición de 43 personas en esa provincia del norte argentino.

De los imputados, Menéndez no comparecerá en las audiencias por razones de salud. Las causas por delitos de lesa humanidad en Jujuy comenzaron a acelerarse luego de la renuncia al cargo del ahora exjuez subrogante Carlos Olivera Pastor, el pasado 28 de marzo, tras una marcha multitudinaria de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, la agrupación H.I.J.O.S, Asociación de Ex Presos Políticos y la Red de Organizaciones de Sociales en la que lo acusaron de bloquear los juicios.

Tras la renuncia de Olivera Pastor fue designado en el cargo Fernando Poviña, quien aceleró los tiempos de las causas y citó a declaración indagatoria al dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, en la causa por los secuestros ocurridos durante la denominada "Noche del Apagón", en 1976.

El Tribunal Oral que tendrá a su cargo este histórico juicio estará integrado por los jueces René Casas, Mario Marcelo Juárez Almaraz y Daniel Morín, mientras que actuará como fiscal, Francisco Santiago Snopek. La primera de las causas que se juzgará está vinculada con la desaparición de Julio Rolando Álvarez García, en el que está imputado Mariano Rafael Braga por los delitos de violación de domicilio y privación ilegítima de la libertad, homicidio calificado, en calidad de coautor y homicidio agravado por alevosía en calidad de partícipe necesario.

El proceso será filmado a partir de un convenio firmado entre la Secretaría de Derechos Humanos de Jujuy y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), con el objetivo de "resguardar la memoria colectiva en el marco de las políticas nacionales de Memoria, Verdad y Justicia a través de las cuales se instrumenta la guarda y conservación en soporte audiovisual del material obtenido en los juicios por delitos de lesa humanidad".

El material registrado quedará a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia en el Archivo de la Memoria, y luego que la Corte Suprema de la Nación dicte sentencia firme estará a disposición de toda la comunidad.