El Gobierno puso en marcha el 1 de febrero de este año múltiples controles en las operaciones para importar productos. Las mismas incluyen la presentación de declaraciones juradas que deben presentarse ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Banco Central (BCRA), y los formularios para la Secretaría de Comercio Interior y las Licencias no Automáticas (LNA).
En ese momento, se anunció la medida como un sistema destinado a otorgar facilidad y sencillez a los operadores del comercio exterior. Sin embargo, en el tiempo el proceso no parece haber sido tan sencillo.
La sustitución de importaciones generó serios inconvenientes en algunas ramas del comercio que dependía de productos importados y que en pocos meses no pudieron ser sustituidos por la producción nacional. Pero también impactó en otros insumos que son más importantes porque forman parte de una cadena de producción o porque son elementos destinados a la atención de la salud y aún no se fabrican en el país.
Pero ese no es el único problema que se presenta en el comercio exterior. La crisis internacional ya comenzó a hacer mella en la economía local. Todos los países comienzan a tomar sus recaudos para defender las fuentes laborales y, como lo hace Argentina, empiezan a seleccionar qué es lo que van a importar. Además, empresarios locales aseguran que la inflación que sufre el país empieza a socavar la rentabilidad de sus empresas ya que el dólar no acompaña el aumento de precios.
Por su parte, el Gobierno nacional sigue pidiendo priorizar el mercado interno, una decisión irreprochable. Sólo hace falta consensuar la metodología para alcanzar los objetivos.
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