jueves, 16 de agosto de 2012

DERECHOS CON PERMISO Un límite PRO a la libertad sindical

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) porteña denunció una disposición del flamante Ministerio de Modernización, publicada el 6 de agosto en el Boletín Oficial, en la que se prohíbe realizar asambleas gremiales en las dependencias de la administración comunal durante los horarios de trabajo y exige que cualquier reunión laboral sea solicitada con, al menos, 72 horas de anticipación. "Es una medida fascista y neoliberal", criticó Alejandro Gianni, secretario pro-gremial de ATE-Capital. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, creó el ministerio al iniciar su segundo mandato.


Gianni expresó que "como integrantes de ATE, entendemos que no es una medida que nos sorprenda, ya que el gobierno encabezado por Macri viene llevando adelante medidas sistemáticas en contra de los trabajadores, para que tengan miedo a organizarse".
El representante de ATE Capital agregó que "esta decisión se suma a las 22 juntas impugnadas que tenemos en lo que va del año, a que no hubo paritarias, y al incumplimiento de los convenios colectivos de trabajo".
El sindicalista informó que "ya hemos realizado una carta documento repudiando esta resolución, y evaluamos realizar una movilización a fin de mes al edificio del ministerio de Modernización de la Ciudad para repudiar las acciones del PRO que tienen como objetivo disminuir la cantidad de delegados en las distintas dependencias".
El ministerio encabezado por Andrés Ibarra, quien durante la primera gestión PRO estuvo a cargo de la Secretaría de Recursos Humanos, fue creado por Macri con el objetivo de mejorar “los procesos y tecnificación de los empleados”. Sin embargo, a la denuncia hecha por ATE se le suma el rechazo de los enfermeros porteños a un decreto firmado por Macri, Ibarra y el ministro de Salud, Jorge Lemus, que establece un nuevo escalafón para el personal de salud, al eliminar el Departamento de Enfermería en los centros de salud públicos y pone al personal del sector bajo la órbita de una gerencia médica.

Rafaela promueve una educación vial responsable por medio de la tecnología

En Rafaela, la Expo Rural promueve la tecnología como un medio para instruir a través de un simulador de tránsito.


En el marco de la Expo Rural Rafaela, que comenzó ayer y se extenderá hasta el próximo lunes, la Municipalidad de Rafaela, como todos los años, está presente en la Exposición y en esta ocasión cuenta con una amplia carpa, ubicada a la izquierda y a escasos metros de la entrada principal, donde se pueden ver distintas acciones que lleva a cabo el Ejecutivo local.

En el lugar prima la interrelación entre la educación y la tecnología. Por eso hay imágenes del Programa Rafaela+Sustentable y el procesamiento de los residuos.

También existe un rincón destinado a la lectura, básicamente de carácter infantil, y otros contenidos audiovisuales que muestran toda la tarea que desarrolla el municipio en educación y tecnología. Además puede verse un simulador de manejo, que pretende instruir sobre educación vial.

El simulador y el tránsito
“El simulador es una herramienta interactiva, tanto para grandes y chicos, que sirve como un instructivo”, sostuvo el intendente Luis Castellano, quien además agregó que “dentro de lo que nosotros tenemos como política de tránsito y la mejora en el tránsito de la ciudad, queríamos estar presentes con una herramienta de alta tecnología como esta para que la gente venga, la pruebe y también, desde aquí, pueda simular y practicar”.

“Todos los elementos que nosotros podamos encontrar, interactivos y que puedan contribuir a un proceso de aprendizaje en lo que es el tránsito de nuestra ciudad, lo vamos a tratar de poner en marcha para seguir generando conciencia en las calles de nuestra ciudad”, manifestó Castellano.

El secretario de Gobierno y Ciudadanía, Fernando Muriel, contó que “el simulador, puede mostrar distintas situaciones relacionadas con el clima, con el momento del día y con la cantidad de vehículos que pueda haber en la calle”. Asimismo explicó que son dos etapas. “La primera consiste en una pista donde se obtiene la licencia de conductor para la que hay que superar distintas pruebas. En tanto, en la segunda, el conductor ya lo hace de manera libre por las calles y a medida que avanza, la pantalla misma va detectando las infracciones”.

Caso Candela: piden apartar a la madre y que la investiguen


La solicitud fue presentada ante el fiscal de Morón Mario Ferrario por Marcelo Mazzeo, defensor de Gladys Cabrera, quien estuvo detenida tras ser acusada de haber tenido a la niña cautiva en su casa y luego liberada al igual que otros siete imputados.


A pocos días de cumplirse un año del crimen, sin detenidos, la causa está bajo secreto de sumario y se investigan varias pistas.
Un abogado pidió que Carola Labrador, la madre de la niña asesinada en Villa Tesei, sea apartada como "particular damnificada" y se la investigue por presunto encubrimiento.
La solicitud fue presentada ante el fiscal de Morón Mario Ferrario por Marcelo Mazzeo, defensor de Gladys Cabrera, quien estuvo detenida tras ser acusada de haber tenido a la niña cautiva en su casa y luego liberada al igual que otros siete imputados.
"Son de público y notorio conocimiento las manifestaciones vertidas por la madre de la menor por todos los medios de comunicación informando y aseverando que conoce quién fue el que mató a su hija, aseverando también que sabe más de lo que dice", sostuvo Mazzeo en su escrito.
Agregó que "la actuación de la particular damnificada fue conteste y avaló desde un comienzo la línea de investigación apócrifa que se había plantado, desviando ex profeso la línea de investigación narcocriminal que desde un principio era la pista más firme".






















Para el letrado, en esa línea de investigación "no serían ajenos familiares" de Carola Labrador, pero "fue abortada abruptamente por orden de la cúpula policial, iniciando una investigación diametralmente opuesta, como lo es la de la pedofilia y la trata de personas, pista que hasta el día de hoy, es avalada y legitimada por la particular damnificada y su abogado".
"El derecho de la víctima cede en este caso ante los intereses de la particular damnificada, son contrapuestos, por lo que nos encontramos frente a un conflicto de intereses", consideró Mazzeo.
En ese sentido, no sólo pidió que Labrador sea apartada de su rol de "particular damnificada" en el expediente, sino que se la investigue por presunto encubrimiento.
"Las sospechas de que tanto Carola Labrador como parte de su entorno familiar pertenecen al mundo delincuencial, conformando bandas que cometen múltiples delitos como el narcotráfico, la piratería del asfalto, secuestros extorsivos, se encuentran corroboradas por los distintos testimonios", remarcó Mazzeo.
Candela (11) fue vista con vida por última vez el lunes 22 de agosto de 2011, cuando esperaba a unas amigas para ir a la reunión del grupo de boy scouts al que pertenecía, y el 31 de agosto apareció asfixiada dentro de una bolsa, a 30 cuadras de su domicilio.
En abril último, la sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Morón decretó la nulidad parcial del proceso, ordenó liberar a todos los detenidos y apartó al juez de la causa, Alfredo Meade.
Luego fue separado el fiscal Marcelo Tavolaro y el 7 de agosto, su reemplazante, Ferrario, separó a la Policía bonaerense de la investigación tras un pedido de Mazzeo y basándose en una norma de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

LONDRES INSISTE CON LA EXTRADICION Ecuador otorgó asilo político a Assange pero el Reino Unido le niega el salvocoducto


Assange denuncia que su extradición a Suecia sería un paso previo para su entrega a Estados Unidos, donde es acusado de espionaje tras la difusión de cables confidenciales de Washington.


La medida, que le otorga protección diplomática al fundador de Wikileaks, asilado en la embajada ecuatoriana en Londres tras ser acusado por la justicia sueca por presuntos delitos de abuso sexual, fue recibida "con decepción" por Gran Bretaña, que amenazó con no acatar la decisión e insistió con que cumplirá la "obligación" de extraditar a Julian Assange a Suecia. El gobierno de Rafael Correa convocó a una reunión de cancilleres de la Unasur y el Alba, así como a una asamblea extraordinaria de la OEA, mientras su sede diplomática en tierra inglesa es custodiada por Scotland Yard.


"El gobierno de Ecuador ha decidido otorgar el asilo político al señor Julian Assange", dijo el canciller de ese país, Ricardo Patiño, quien fundamentó la decisión en la existencia de "indicios que permiten presumir" una "persecución política" contra el periodista. Durante la conferencia en que dio la noticia, manifestó que Quito "confía en que el gobierno de Gran Bretaña ofrecerá lo antes posible las garantías y el salvoconducto necesario" y confió en "mantener inalterable los excelentes lazos de amistad" entre ambos países".
Además, Patiño sostuvo que Ecuador "hace suyos los temores" de Assange sobre el inminente peligro a su vida por la posibilidad de ser extraditado a un tercer país (Estados Unidos) en donde "hay evidencia de que no tendría un juicio justo" e incluso podría tener "un trato cruel", y señaló que la decisión está sustentada en instrumentos de derecho internacional, en la Constitución ecuatoriana y en la tradición de su país, que dio asilo y refugio a sinnúmero de personas, como el caso de miles de colombianos en su frontera, lo cual ha sido reconocido por la organización de la ONU para los refugiados (ACNUR).
Patiño infirió también que Suecia "no brindará la debida protección" al periodista en caso de ser extraditado a ese país que le reclama por delitos sexuales y anunció que Ecuador solicitó que se convoquen reuniones extraordinarias a la UNASUR, ALBA y OEA para tratar de forma urgente la decisión. Agradeció las "muestras de apoyo" de parte de organismos y personalidades internacionales sobre este caso y volvió a rechazar "con toda firmeza" la "amenaza del Reino Unido" de que podría ingresar a la delegación ecuatoriano en Londres para arrestar a Assange.
Ayer, el canciller ecuatoriano denunció que su país recibió amenazas escritas y directas sobre un posible asalto de las fuerzas de seguridad británica a su embajada en Londres, en caso de que se le concediese al periodista el asilo, tal como ocurrió hoy y advirtió que el ingreso no autorizado a la sede diplomática “sería una violación flagrante de la Convención de Viena”.
Assange, de 41 años, se refugió en la embajada ecuatoriana de la capital británica el 19 de junio para evitar su extradición a Suecia que, según supone, podría ser una etapa previa para su entrega a Estados Unidos, donde se lo investiga por presunto espionaje tras la difusión en su portal de cables confidenciales del Departamento de Estado y documentos sobre las guerras en Irak y Afganistán, por lo que teme ser condenado a muerte.
Assange fue detenido en Londres en diciembre de 2010 en virtud de una orden de arresto europea emitida por la fiscalía sueca para interrogarlo por cuatro supuestos delitos de agresión sexual, incluida una violación, denunciados por dos mujeres en Estocolmo, por los que hasta ahora no fue juzgado.

Un alto jefe policial deberá justificar el aumento de su patrimonio

El comisario mayor Néstor Arismendi, quien hasta abril de este año fuera jefe de la Unidad Regional II de policía y ahora ocupa la Jefatura de la Plana Mayor de la fuerza provincial, deberá responder en un plazo de 30 días hábiles acerca del origen de su patrimonio actual ante la sospecha de que se ha enriquecido de forma ilícita.


Arismendi estuvo al frente de la UR II durante cuatro meses.ARISMENDI ESTUVO AL FRENTE DE LA UR II DURANTE CUATRO MESES.
El reclamo se lo hizo la Dirección de Asuntos Internos, que lo viene investigando desde el año 2008 cuando en esa repartición se recibió una carta anónima en la que se detallaban parte de los bienes del alto oficial. La misma suerte ha corrido el actual jefe del Departamento Judiciales de la URVI, el comisario Omar Pintón, quien deberá dar cuenta de cómo aumentó exponencialmente sus biene en los últimos años. Esta es la primera vez que se intima a oficiales de alto rango que están en funciones.

Trascendió que la Dirección Provincial de Asuntos Internos emplazó a Néstor Arismendi el pasado 8 de agosto para que justifique el origen de sus bienes en sede administrativa.

Si la respuesta del actual Jefe de la Plana Mayor (número tres en la jerarquía de la provincia) no satisface a los investigadores, o no cumple con los requisitos establecidos por la ley 12.238 (que permite investigar a los policías en actividad o retirados), las actuaciones serán remitidas a la Justicia como ya se ha hecho con otros oficiales en los últimos meses.

La investigación sobre los bienes de Arismendi empezó en 2008 a través de un escrito anónimo que recibió la propia Dirección de Asuntos Internos.

Pero la pesquisa se agilizó recién luego de que el ex ministro de Seguridad Leandro Corti supiera, pocas horas después de designarlo jefe de Rosario, que había una información sumaria sobre presunto enriquecimiento ilícito en su contra en Asuntos Internos.

Arismendi tiene un plazo de 30 días hábiles y prorrogables por otros 30 para justificar casas registradas a su nombre o de sus hijos, su hermano o su suegra en Rosario, Funes y Pérez además de vehículos y taxis.

Este oficial llegó a la jefatura de la Unidad Regional II en diciembre de 2011, Corti lo removió en abril de este año cuando se insinuó que Asuntos Internos terminaría por requerir que justificara sus bienes.

Salta: denuncian que policías palparon a alumnos especiales


Los efectivos habían sido convocados por autoridades de la escuela luego del robo de una billetera. La decisión de la policía fue cachear a los estudiantes con discapacidad. "Les quitaron toda la ropa hasta quedar desnudo junto a otro chico”, comentó una de las madres.














Efectivos policiales de Cafayate habrían revisado físicamente a los alumnos de la Escuela Especial 5074 de Virgen del Rosario y las pertenencias de los niños. Además se sancionó a los directivos de la escuela, por haberlo permitido.
Se reconoce el error y la vicedirectora que estaba a cargo de la escuela ese día tendrá una sanción desde el concepto profesional, lo que afecta sus antecedentes”, explicó la supervisora de la zona, Clara Elena Daré.
Explicó que una maestra denunció ante la vicedirectora que le faltaban $1.500 pesos de su cartera, que supuestamente desaparecieron cuando salió unos minutos del aula. “Frente a esa situación, la vice pidió orientación a la policía, enviaron dos efectivos que revisaron la escuela y luego a los chicos les pidieron que se sacaran las camperas y pantalones y miraron sus mochilas. Por supuesto que no estuvo bien este accionar”, reiteró Daher.
Además declaró que la directora del establecimiento, Ruth Daruich, hará ahora jornadas de convivencia con docentes y padres “y fundamentalmente se mediará con las madres de dos de los niños que no quisieron volver a la escuela para que retomen sus actividades normalmente”.
Verónica Flores, madre de uno de los alumnos de la Escuela Especial 5074 Virgen del Rosario, relató que el hecho sucedió el 2 de agosto: “Me extrañó que mi hijo llegó ese día cerca de las dos de la tarde, cuando lo hacía más temprano y me contó llorando que unos policías le habían quitado toda la ropa hasta quedar desnudo junto a otro chico, y se puso a llorar”.
Además sostuvo que “ahora mi hijo no va a la escuela y no quiere ni salir de la casa porque está con miedo. Me dicen que lo haga ver con una psicóloga, pero cómo lo voy a llevar si es la misma psicóloga que trabaja en la escuela y estuvo presente en esa situación”.
“Hice la denuncia en la Comisaría porque la directora me había pedido que no dé a conocer nada públicamente y que ella se iba a encargar de todo, pero ya pasaron tantos días y no se aclaró nada. Yo decidí denunciar a dos policías de la Brigada de Investigaciones como también denuncié a los directivos de la escuela”, concluyó.

CRIMEN DE MARIANO FERREYRA Silencio en patota

Siguiendo la actitud del titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y del resto de los imputados que se negaron a declarar en el juicio por el crimen del militante del Partido Obrero, en 2010, los cinco oficiales y suboficiales de la Policía Federal acusados por liberar la zona donde ocurrió el asesinato optaron por no dar su versión de los hechos frente al Tribunal Oral 21 y afirmaron que podrían hacerlo "más adelante".


Se trata de los subcomisarios José Ferreyra, Rolando Garay, Luis Echevarria, el principal Gastón Conti, y el cabo David Villalba. Villalba fue el cabo de la Federal que estuvo a cargo de la filmación de lo ocurrido ese día en el barrio de Barracas y que en su declaración ante la jueza de instrucción Wilma López aseguró que ningún superior presente en el lugar le ordenó seguir a los manifestantes, que los filmó desde 200 metros de distancia subido al terraplén del ferrocarril y que todas las pausas que hizo en la filmación fueron para reubicarse o evitar los trenes que seguían circulando.
También dijo que en abril de 2011, al ser indagado, que iba solo a los lugares de filmación, sin arma y que ese día no se puso el chaleco ni la gorra policial porque nadie se lo ordenó y que siempre se ubicaba detrás de los jefes para evitar que le robasen la cámara, algo que podía derivar en la pérdida de su trabajo. Desde su puesto, siempre según su relato, vio acercarse a un grupo que se sumó a los ferroviarios y que no parecía pertenecer a ellos y por eso los filmó, en alusión a muchos de los detenidos por el asesinato, pero no registró el momento del ataque a balazos porque a esa hora, hizo "pausa para reacomodarse" o "dejar pasar trenes" como hizo reiteradamente durante toda la mañana.
Garay fue jefe de la comisaría 30 que estuvo a cargo de la prevención ese día y que también en la instrucción presentó un descargo donde dijo que eran sólo tres policías en el lugar cuando comenzaron las agresiones, que los tomó de sorpresa y se vieron "sobrepasados" por la cantidad de manifestantes. También dijo a la jueza que vio a un herido de bala, llamó al SAME y que cuando desde el Comando de Operaciones de la Federal le ordenaron proceder a detener sospechosos, todos se habían ido, "no quedaba nadie a quien detener".
Luego de que todos se negaran a declarar, los jueces convocaron a un cuarto intermedio hasta la tarde, cuando empezará la ronda de testigos. En primer lugar está citado una de las cuatro víctimas, Nelson Aguirre, que recibió dos disparos de bala. También están citados Eduardo Beliboni, Lisandro Martínez y Gustavo Mendieta.