Tres personas que permanecían como rehenes de un grupo campesino a raíz de una protesta en el interior de Bolivia fueron liberadas este domingo, luego de que por la madrugada el gobierno se comprometiera a revocar la cuestionada concesión de un yacimiento minero y a no procesar a los responsables de los secuestros.
El representante del defensor del Pueblo en el departamento Potosí, René Arroyo, anunció que los dos ingenieros de la empresa canadiense South American Silver cautivos desde hace 11 días y el policía Herbert Pérez, retenido desde el jueves pasado, fueron entregados a las autoridades.
Arroyo describió que los tres rehenes liberados estaban “muy decaídos” e iban a ser trasladados a Llallagua -localidad cercana al cerro Mallku Khota, epicentro del conflicto- para que recibieran atención médica, informaron el diario cochabambino Los Tiempos y la red de emisoras de radio Erbol en sus sitios web.
La entrega de los cautivos fue consecuencia de un acuerdo firmado a la madrugada entre el gobierno nacional -representado por el ministro de Trabajo, Daniel Santalla-, delegados de la gobernación de Potosí y autoridades originarias de la zona de Mallku Khota.
La suscripción del convenio había sido anunciada más temprano por el propio Santalla en declaraciones a Radio Pío XII, reproducidas en sus páginas de internet por los diarios La Razón, La Prensa y El Diario, además de Los Tiempos y Erbol.
El acuerdo apunta a poner fin al conflicto generado por la demanda de pobladores originarios de que el gobierno central estatice el yacimiento local de plata, oro, zinc, indio y galio cuya explotación fue concedida a un consorcio encabezado por South American Silver.
También reclaman la libertad del dirigente Cancio Rojas, preso bajo la imputación de haber provocado enfrentamientos entre comunidades y maltratado a dos policías.
Los campesinos secuestraron a cinco trabajadores de la compañía canadiense y a una empleada judicial con el propósito de canjearlos por Rojas.
El jueves, un frustrado operativo policial para liberar a los cautivos derivó en un enfrentamiento que provocó la muerte de un campesino y dejó, además, 13 heridos y un policía raptado.
El viernes recuperaron la libertad tres de los empleados de la empresa y la funcionaria judicial, tras engañar a sus captores y huir a pie hasta que encontraron a una patrulla policial, informó el sábado el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
El convenio firmado este domingo a la madrugada contempla el compromiso del gobierno de anular la concesión, indemnizar a la familia del manifestante muerto el jueves, solventar los gastos que demande la atención de los cuatro campesinos heridos ese día y no procesar a los responsables de los siete secuestros.
También prevé el eventual procesamiento de policías que supuestamente “atropellaron e intervinieron una vigilia” de los comuneros y autorizó la realización de una audiencia de “justicia originaria” para juzgar a los dos ingenieros que permanecían privados de su libertad, a quienes acusaron de espionaje y de “infringir las tradiciones y costumbres” de la comunidad local por “utilizar la vestimenta que no les corresponde”.
Según los campesinos, los ingenieros fueron capturados mientras estaban disfrazados de nativos sacando fotografías en una asamblea, presumiblemente con el objetivo de “desunir” al sector que llevaba adelante el reclamo.
La audiencia se efectuó este domingo por la mañana en la plaza de la población Chirok`asa, con la presencia de Arroyo, un fiscal y el secretario general de la gobernación de Potosí, René Navarro, y los ex rehenes fueron sancionados con la pena de tener que elaborar cada uno, con sus manos, 500 ladrillos de adobe.
Con respecto a otra de las demandas de los campesinos, el gobierno central advirtió en el acuerdo que la reclamada renuncia del ministro de Minería, Mario Virreira, es potestad exclusiva del presidente Evo Morales.
Asimismo, en relación con la situación de Rojas, se acordó no interferir el proceso judicial, pero la gobernación de Potosí se comprometió a aportar dos abogados para colaborar con la defensa del dirigente procesado, en coordinación con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario