Denuncian que la provincia gasta casi un millón y medio de pesos para alquilar un salón de fiestas El diputado provincial Federico Angelini (Unión PRO Federal) presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo revele los motivos de esos gastos.

 El diputado provincial Federico Angelini (Unión PRO Federal) presentó un pedido de informes al Ejecutivo para que, "a través de los ministerios de Innovación y Cultura y Economía, revele los motivos por los cuales, a través de un decreto de junio pasado, se autorizó una erogación de $1.452.000 para alquilar durante dos años un salón de fiestas de la ciudad de Santa Fe con un costo de mensual de $55.000 para el 2012 y $66.000 para el 2013" para destinarlo a "oficinas, salón de usos múltiples y/o salas de espectáculos artísticos".

"Estamos convencidos que votar un aumento de impuestos tal como lo plantea el Frente Progresista es darle un cheque en blanco a una administración que no cuida los dineros públicos", argumentó Angelini.

En los fundamentos del pedido, el legislador señaló que "en medio de semejante crisis, donde el propio gobernador admitió en una entrevista que no descartaba la emisión de cuasimonedas en una provincia que no las utilizó jamás (aunque después intentó desmentirlo) es casi una burla a la sociedad que se use semejante partida para alquilar un local a un precio exorbitante habiendo en la ciudad capital numerosos inmuebles que podrían ser adaptados para realizar eventos o instalar oficinas".

"Desde diciembre de 2011 los santafesinos venimos presenciando una continua apelación del gobernador Antonio Bonfatti y su gabinete a la necesidad de recurrir a fuentes extraordinarias de financiamiento para el Estado mediante autorizaciones de endeudamiento, emisión de letras del Tesoro o aumento de impuestos a la producción, el consumo y los bienes inmuebles urbanos y rurales y automotores", enmarcó el diputado su reclamo.

Además, recordó que "el gobernador admitió que para cumplimentar con las obligaciones salariales y previsionales se va a observar una "lentificación" de la obra pública, la que ya está demorada en extremo, con la paralización o semiparalización de muchos emprendimientos en la provincia.

En el día más frío del año, la térmica llegó a los -3°C en Santa Fe El Servicio Meteorológico Nacional, adelantó que para este fin de semana largo se esperan muy bajas temperaturas en todo el país.

 Esta mañana las bajas temeprarutdas se hicieron sentir en la ciudad, la térmica alcanzó los -3°C

Para el día de hoy se espera una jornada con cielo despejado, con muy baja sensación térmica. La mínima podría llegar a los 3 grados y la máxima de 16º.

Para el domingo se espera el ingreso de aire polar que provocará que las condiciones persistan en todo el país por lo menos hasta el martes próximo, cuando comenzará un ascenso moderado de temperatura.

CARLOS PEDRO BLAQUIER NO PRESTO DECLARACION ANTE LA JUSTICIA La indagatoria se hace esperar

El dueño del Ingenio Ledesma no se presentó a la audiencia porque el auto en el que viajaba fue golpeado por un grupo de manifestantes a su llegada al juzgado de San Salvador de Jujuy. Fue convocado para el próximo martes, día en que originalmente había sido citado.

Blaquier quiso adelantar su indagatoria para evitar las manifestaciones, pero no lo consiguió.

Por Adriana Meyer

Los familiares de las víctimas de la dictadura esperaron muchos años ese momento y se volvieron a llenar de impotencia. Ayer al mediodía, Carlos Pedro Blaquier intentó evitar las manifestaciones en su contra presentándose ante la Justicia de Jujuy, que lo había citado a indagatoria por segunda vez para el martes en dos de las causas por la desaparición de personas durante la dictadura en esa provincia. Con el factor sorpresa a su favor, pretendía ser indagado apenas llegó, pero el Juzgado Federal Nº 2 lo convocó para la tarde. Tras varias horas en las que intentaron organizar un operativo para su ingreso, la audiencia se frustró porque el vehículo que lo transportaba fue golpeado por un grupo de manifestantes y Blaquier se retiró del lugar. Los querellantes lamentaron el escrache al dueño del Ingenio Ledesma y advirtieron que podría ponerlo como excusa para evitar rendir cuentas.

El empresario se presentó al mediodía en los Tribunales de Jujuy para adelantar la indagatoria que tenían previsto tomarle el 10 de julio. La defensa de Blaquier solicitó anticipar su declaración, lo cual fue aceptado por el juez federal subrogante Nº 2 de Jujuy, Fernando Poviña, pero como no se encontraba en la ciudad, fijó la audiencia para las 17. Aunque no con la magnitud prevista para el martes, varias organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos se concentraron frente al juzgado y en la plaza de San Salvador de Jujuy para expresar su permanente reclamo contra la impunidad de la poderosa familia Blaquier. “Estamos afuera, esperando; hay organizaciones sociales que se movilizaron dando vueltas a la plaza y otro grupo está frente al juzgado porque estamos interesados en que declare y quede detenido, no importa si vino por su cuenta, acá estamos”, dijo a Página/12 Mariana Alvarez García, de H.I.J.O.S., antes del incidente.

El abogado Pablo Pelazzo, flamante fiscal ad hoc de la Unidad Fiscal de seguimiento de las causas por delitos de lesa humanidad, explicó que una vez fijada la audiencia para las cinco, comenzaron a armar el procedimiento para que Blaquier pudiera ingresar al edificio, lo cual duró toda la tarde. “Ahora aducirá que no había garantías, se le tiraron encima y le rompieron el auto, por eso salió disparando, lo cual lo coloca en el peor lugar, el que no le corresponde, lo hace victimizarse”, dijo Pelazzo sin ocultar su enojo. Desde la Unidad Especial también expresaron su desazón por lo ocurrido, y destacaron que la designación de Pelazzo “no es en desmedro de nadie sino un refuerzo para este tipo de procesos”.

Martín Patiño, del Comité para la Defensa de la Salud, la Etica y los Derechos Humanos (Codesedh), estaba afuera muy cerca del frustrado ingreso de Blaquier. “Sólo habían entrado los defensores y el fiscal, habían pedido a las agrupaciones que se desconcentren porque iba a haber un operativo para que pueda descender. Más tarde llegaron tres o cuatro autos y una camioneta, y cuando quiso acercarse al garaje, los de la prensa frenaron el auto, y luego llegaron corriendo algunos de agrupaciones que habían quedado”, relató Patiño. “Ahora justificó que ya vino, y no va a querer volver. Era la oportunidad única de que haga su descargo y declare, después hagan lo que quieran”, se quejó.

El presidente de Ledesma está imputado como supuesto autor del delito de privación ilegítima de la libertad de más de 20 personas entre el 20 y el 27 de julio de 1976 en las ciudades de Libertador General San Martín y Calilegua. Poviña investiga los expedientes llamados “Luis Arédez y otros”, y “Burgos y otros”. Esta última causa se refiere a la Noche de los Apagones, de julio de 1976, y la otra es por la desaparición de Arédez, ex médico, ex empleado del ingenio y ex intendente de Libertador General San Martín, secuestrado en mayo de 1977, quien permanece desaparecido.

Hasta ayer, Blaquier evadió declarar ante el tribunal jujeño, alegando razones de salud, por lo que fue sometido a dos revisaciones médicas por peritos de parte y de la Corte Suprema. Finalmente, Poviña fijó su indagatoria para el próximo 10 de julio, con la presencia de una ambulancia y personal médico para resguardar su salud.

Jorge Rafael Videla, ¿habla?

       Por Alejandro Kaufman *

En el crimen de la desaparición residen los rasgos distintivos de su eficacia, más allá del homicidio: la incertidumbre, el silencio, la denegación, los cuerpos insepultos –ni vivos ni muertos, no reconocidos ni localizados, por lo tanto dispersos, ubicuos, presentes en su ausencia–. Son las singularidades argentinas del terrorismo de Estado destinadas a perdurar, a proseguir sus efectos proyectados hacia un futuro indeterminado. El castigo, demandado tanto tiempo como utopía y ahora consumado en una magnitud inédita, no es a partir de entonces sino un hilo más del tejido que enhebra la memoria.

La condena penal no concluye con el trayecto de la lucha porque 1) hay que ver de qué modo se mantiene su efectividad, de qué modo se la administra –obligación del Estado, que puede incumplirse, como ha ocurrido–; 2) los perpetradores y sus cómplices no permanecen inactivos, sino que actúan de manera estratégica y constante.

La condena se incumple cuando la restricción que le es propia se burla y transgrede, y se logra por añadidura una aceptación social aparente de la transformación de la cárcel en un domicilio desde donde se ejercen derechos ciudadanos, obligatoriamente vedados, limitados o controlados por el sistema penal. Los perpetradores y sus cómplices perseveran en el dispositivo postdictatorial residual del terrorismo de Estado. La de-

saparición de Jorge Julio López forma parte de sus responsabilidades morales y políticas, tanto como la intervención pública en ejercicio de una ciudadanía que el sistema penal fracasa en restringir y controlar. Asistimos a un esquema por el cual una revista extranjera sondea la opinión pública y verifica en ella una complacencia y condescendencia con la operación discursiva del terrorismo de Estado residual que supone algo así como un otorgamiento de entrevistas. Ello da lugar a las condiciones de posibilidad concomitantes, por las cuales se asocian una editorial irresponsable e inescrupulosa, un negacionista bajo la forma que adquiere entre nosotros, que no es la del historiador sino la del periodista, y el máximo responsable del terrorismo de Estado. En conjunto, originan un evento cuyo propósito es necesario debatir y dilucidar. Designar un propósito no tiene que ver con intenciones sino con efectos: la palabra del perpetrador de lesa humanidad, en tanto refrenda los rasgos constitutivos del crimen de la desaparición, prosigue en la senda de su perpetración. Confirma el silencio sobre el destino de los cuerpos, perturba la memoria de las víctimas al remover las heridas, al profundizar el trauma, inquietando las conciencias con su impunidad para hablar, cuando debería callar en forma definitiva –es a lo que se lo condenó, porque la condena no es en esencia ambulatoria, sino al silencio en tanto concurrencia a la esfera pública, para siempre vedada a perpetradores condenados–. Es por lo mismo que no pueden ser autorizados para inscribirse en la universidad pública. Concederles derechos de intervención en la esfera pública para que perseveren en su denegación desaparecedora implica complicidad, responsabilidad, omisión o ingenuidad respecto del crimen de lesa humanidad.

Ni falta que hace abundar en que estos sucesos testimonian la profundidad de la anomia en que se encuentran vastos sectores de los medios y la cultura que heredamos de la dictadura. Los negacionistas post o neo nazis travestidos de historiadores fueron ampliamente contestados en su lugar y momento. Nuestra prensa hegemónica parece ser un terreno fértil para operaciones de la índole señalada. Numerosos antecedentes las precedieron, desde la confrontación entre Alfredo Bravo y su torturador reunidos por Mariano Grondona, hasta el desenvolvimiento próspero e incluso prestigioso de diversas figuras comunicacionales y culturales partícipes del horror de la dictadura. ¿Sabrán reconocer las nuevas generaciones en estas tramas la naturaleza de las matrices civiles de la dictadura? Porque en la trayectoria que la palabra de JRV recorrió desde su clausura ambulatoria hasta la confección de un best seller se verifican tales matrices, ahora exentas de culpa patente, pero no menos responsables de perpetuar el crimen de la desaparición, y todo ello aun sin la desmentida y la contradesmentida que no hicieron más que plasmar la obscenidad de todo el caso.

La palabra de JRV nunca puede ser otra cosa que pura amenaza, demostración de su impermeabilidad al castigo, de su competencia para establecer “estoy aquí, intacto, y puedo decir exactamente lo mismo que dije en 1977, cuando quiero, y todavía me lo celebran”. La amenaza no consiste en la inminencia de algún suceso truculento, sino en la persistencia de las condiciones que definen la singularidad de la desaparición. Solo podría consentirse con su palabra frente a los tribunales, ya sea como defensa en ejercicio de garantías, o como confesión, en efecto, pero no de la manera obscena en que se dijo, sino en esclarecimiento del destino de los cuerpos de los desaparecidos y las identidades robadas de los centenares de nacidos en cautiverio que falta encontrar, así como las pistas o certidumbres que permitan establecer la suerte de Jorge Julio López. Cualquier otra cosa forma parte de la condición perpetradora, la actualiza y la mantiene viva en detrimento de la sociedad que requiere del ministerio público protección, defensa frente a las secuelas del horror.

Como ocurre cada vez, en cada situación límite, son las mismas voces aquellas que aciertan con sus intuiciones radicales y heroicas: las Madres y las Abuelas, junto a pocas voces más, señalaron la ignominia, la falta cometida por el aparato estatal de contención, la inadecuación y perversidad de lo que en forma alguna puede ser llamado “libro” ni “entrevista periodística”.

La palabra de JRV participa de la modalidad argentina con que se desenvolvió el aparato mediático cultural de la dictadura: mediante la promoción de una hegemonía antipolítica, espectacular, banalizadora y frívola. Tales actitudes mediático-culturales no pueden ser combatidas con los mismos recursos ni en el mismo terreno. ¿Aún no lo comprendemos?

* Ex director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA.

EL PAIS › URUGUAY ACEPTA PEDIDOS DE EXTRADICION Por el Cóndor

La resolución sólo se hará efectiva cuando los acusados completen las penas con las que fueron condenados en su país.

El represor uruguayo José “Nino” Gavazzo.

La Suprema Corte de Justicia de Uruguay aceptó otro pedido de extradición de seis represores de ese país por delitos cometidos durante la última dictadura militar en suelo argentino. Se trata de un pedido que el juez Daniel Rafecas había enviado a la Justicia charrúa en 2006 en el marco de la investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti, el sitio que sirvió de base nacional del Plan Cóndor. La resolución llega dos años más tarde de la primera condena emitida por la Justicia argentina por esos delitos contra un grupo de genocidas locales y, al igual que los otros dos fallos supremos que daban cauce a pedidos de extradición de militares uruguayos a la Argentina, tampoco podrá ser concretada hasta que los solicitados completen las penas con las que fueron condenados en su propio país.

“Habilitar el juzgamiento de los requeridos por otros hechos diferentes a los que ya se los enjuició en territorio uruguayo”, falló de manera unánime el máximo tribunal uruguayo, en referencia a los militares retirados José “Nino” Gavazzo, Jorge “Pajarito” Silveira, José Arab, Gilberto Vázquez y Ernesto Ramas, y al ex policía Ricardo Medina, a quien Rafecas, a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 3 y de la investigación sobre lo ocurrido en Orletti, imputó por 65 privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos, y los homicidios agravados de Gustavo y Ricardo Gaya, Ana María del Carmen Pérez, Dardo Zelarrayán y del hijo del poeta Juan Gelman, Marcelo.

El fallo de la Corte Suprema uruguaya pone fin a un ida y vuelta que atrasó una respuesta definitoria a Rafecas por más de cinco años. Fue el juez de primera instancia uruguayo Daniel Taipes quien atendió por primera vez el pedido de su par argentino, en agosto de 2009, tres años después del requerimiento. Las apelaciones de los acusados mantuvieron la cuestión a los saltos, hasta que la Corte se expidió ayer.

Sin diferencias, los ministros de la Corte denegaron los pedidos de rechazo de los represores al requerimiento de extradición de Rafecas. Sus defensas se basaron, principalmente, en que ya habían sido juzgados por esos delitos en suelo uruguayo. Los seis cumplen allí actualmente entre 20 y 25 años de cárcel por crímenes cometidos durante la dictadura militar oriental. Pero la Corte no coincidió. “Observando con detenimiento los innumerables hechos delictivos vinculados con el denominado Plan Cóndor que fundamentan el pedido de extradición, es posible inferir sin esfuerzo que los mismos exceden con amplitud los homicidios por los que fueran condenados en la causa que invocan”, asegura el fallo, que más adelante añade que “surge claramente de la relación de hechos imputados a los militares cuya extradición se solicita que los supuestos fácticos incriminantes no coinciden sino parcialmente con la plataforma de hechos en que se fundara la condena por homicidios múltiples aplicada en nuestro país”.

El hecho de que los represores requeridos por la Justicia argentina hayan sido juzgados y condenados en su país no permitirá que la extradición se concrete, ya que sólo cuando se termine el proceso que el país vecino sigue contra ellos podrán cruzar el Río de la Plata. Lo mismo sucedió con los otros dos requerimientos que la Argentina realizó a Uruguay por presuntos partícipes charrúas en delitos de lesa humanidad cometidos en territorio local.

EL PAIS › REPERCUSIONES POR LAS CONDENAS A NUEVE REPRESORES POR EL PLAN SISTEMATICO DE APROPIACION DE NIÑOS Un fallo con elogios y también críticas

“Consideramos que hemos alcanzado justicia con la condena histórica de 50 años de prisión” al dictador Jorge Rafael Videla, señaló Abuelas. Abel Madariaga anunció que apelará la pena que recibió la apropiadora de su hijo.

“Este juicio fue posible gracias a las Abuelas, que lograron transformar su incansable lucha en un reclamo de toda la sociedad”, señaló H.I.J.O.S. Córdoba.

Abuelas de Plaza de Mayo celebró la “sentencia histórica” por el plan sistemático de apropiación de menores durante la dictadura, causa que comenzó a impulsar formalmente hace 16 años, aunque admitió que le queda “un sabor amargo” por las bajas penas que recibieron los apropiadores de Francisco Madariaga Quintela. Su padre, Abel Madariaga, secretario del organismo, anunció que apelará el fallo del Tribunal Oral Federal Nº 6 que sentenció con quince años de prisión al apropiador Víctor Gallo, ex capitán del Batallón de Inteligencia 601, y a cinco años de cárcel a su mujer, Susana Colombo. “Me robaron a un hijo durante 32 años y le dieron cinco años a la apropiadora”, resumió Madariaga para explicar su disconformidad. La sentencia fue celebrada mediante comunicados por H.I.J.O.S. Córdoba, Amnistía Internacional y la agrupación Kolina.

“Un tribunal de la democracia condenó a algunos de los mayores responsables” del plan sistemático y “reconoció que hubo una ‘práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores en el marco de un plan general de aniquilación’”, celebró Abuelas. “Consideramos que hemos alcanzado justicia con la condena histórica de 50 años de prisión” a Videla, aunque “entendemos que otros represores no fueron sancionados de acuerdo con la magnitud de los crímenes gravísimos que cometieron y que aún perduran en el ocultamiento de la verdadera identidad de casi 500 hombres y mujeres que continúan siendo esclavos del alma”, explicó. Repudió las “bajas condenas” a Gallo y Colombo, y advirtió que “seguiremos exigiendo que los apropiadores sean considerados autores de delitos de lesa humanidad y reciban penas más severas”.

Abel Madariaga, quien recién dos años atrás pudo encontrar a su hijo Francisco, dijo que “en forma global (el fallo) fue ejemplar”, pero cuestionó la condena a cinco años a Colombo porque “me robaron a un hijo durante 32 años”. “Pudimos probar que hubo robo de bebés, que nacieron en Campo de Mayo y en la ESMA, y que no fueron a parar a cualquier lugar sino que fueron apropiados por integrantes del Batallón de Inteligencia 601”, señaló. “Trabajamos 16 años para demostrar esto (el plan sistemático), porque en el Juicio a las Juntas se había dicho que no se podía hablar de robo sistemático de bebés”, remarcó.

H.I.J.O.S. Córdoba valoró que “a 35 años de cometidos los más de 500 robos de bebés, por fin la Justicia condenó a los máximos responsables” y calificó las condenas de “ejemplares”. “Este juicio fue posible gracias a las Abuelas, que lograron transformar su incansable lucha por restituir la identidad a esos niños, hoy jóvenes, en un reclamo de toda la sociedad”, remarcó la entidad. Recordó que los niños, “después de ser separados de sus familias, eran entregados a amigos y conocidos de militares y policías, o criados por los propios asesinos de sus padres biológicos, con la connivencia de la Justicia y de sectores de la Iglesia Católica”. “En la Argentina se implementó desde el Estado un plan sistemático de robo de bebés. El objetivo era sustraerles su identidad, negándoles saber quiénes eran, quiénes fueron sus padres y que toda una familia los estaba buscando”, sintetizó, y valoró como “inédito” que el fallo ordene ampliar las investigaciones en torno del ex capellán de la Armada y secretario del vicario castrense, Emilio Grasselli, y a ex miembros del “Movimiento Familiar Cristiano que habrían intervenido en hacer posible estos delitos”.

Amnistía Internacional calificó el fallo como “un paso histórico hacia la justicia”. Se trata de “un paso muy significativo en el camino emprendido por la Argentina para juzgar a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos durante el último régimen militar”, sostuvo en un comunicado, y llamó al Estado a “continuar avanzando en las investigaciones para que recuperen su verdadera identidad las personas que, al día de hoy, todavía siguen siendo víctimas de estos delitos”. “La condena contra Videla y Bignone demuestra que nadie está por encima de la ley”, afirmó Mariela Belski, directora de Amnistía en el país. Kolina, la agrupación de la ministra Alicia Kirchner, destacó que la sentencia “se debe a la inclaudicable búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo, al apoyo incondicional de las organizaciones de derechos humanos y a la política de Estado iniciada por el compañero Néstor Kirchner y profundizada por la compañera Cristina Fernández de Kirchner”.

EL PAIS › EL MINISTERIO DE TRABAJO IMPUGNO LA CONVOCATORIA AL CONGRESO DE LA CGT PREVISTO PARA EL PROXIMO JUEVES Cada vez más cerca de consagrar la ruptura

El titular de la cartera laboral, Carlos Tomada, informó que no validará el congreso que realizará el sector que impulsa la reelección de Hugo Moyano. Esa fracción ratificó la deliberación. El antimoyanismo apuesta a su propio congreso.

El ministro Carlos Tomada comunicó la resolución de Trabajo en rueda de prensa.
Imagen: DyN.

El Ministerio de Trabajo impugnó la convocatoria a elección de autoridades de la CGT y ordenó a la central que establezca un nuevo calendario electoral. “No hubo quórum, no se cumplieron los requisitos, queda en manos de las propias organizaciones sindicales normalizar el proceso electoral, esto es lo que hemos dictaminado”, explicó el titular de la cartera, Carlos Tomada, ayer por la tarde, al anunciar la decisión ante la denuncia de un sector que se opone al actual titular de esa organización, Hugo Moyano. Desde su entorno ya avisaron que mantienen el llamado al Congreso Nacional del 12 de julio, en el que le adjudicarán a Moyano un tercer mandato al frente de la CGT, que desconocen la autoridad del ministerio y que la sentencia no está firme. Desde la otra vereda, anunciaron que el martes llevarán a cabo una reunión de Consejo Directivo (sin el moyanismo), donde intentarán hacer su propia convocatoria electoral para avanzar con la designación de nuevos dirigentes: el metalúrgico Antonio Caló pica en punta como candidato a encabezar la central dividida. La palabra final, como sucedió en la CTA tras las elecciones internas de 2010, quedará en manos de la Justicia.

La sentencia adoptada ayer por el ministerio establece que “la reunión del Consejo Directivo de la CGT de fecha 24/4/2012 no tuvo quórum suficiente para sesionar, adoleciendo por ello de un vicio en la voluntad del ente que afectó la validez de dicha reunión y de todo lo allí decidido”, lo que incluye la convocatoria electoral. Tal como señaló el fallo, en el propio estatuto de la central obrera consta que los cargos de ese órgano son personales y que no puede votarse en el mismo por medio de una tercera persona. El Consejo Directivo está integrado por treinta y cinco miembros y el quórum es de diecisiete.

“El ministerio actuó sin analizar todas las pruebas, porque en la reunión del 24 de abril no sólo había quórum sino que sobraba quórum”, argumentaron cerca de Moyano, donde aseguran que el acta de ese día lleva estampadas veintiuna firmas. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo pudo comprobar la denuncia de los impugnantes: de esas veintiuna, quince corresponden efectivamente a consejeros, mientras que las otras seis “no figuran como miembros del Consejo Directivo en el certificado de autoridades extendido”. Se trata de Sergio Omar Palazzo, quien ocupó el lugar del procesado por la causa medicamentos Juan José Zanola (bancarios); Guillermo D’Angelo por el encarcelado José Pedraza, investigado por su responsabilidad en el asesinato del militante Mariano Ferreyra (Unión Ferroviaria); José Listo por Jorge Lobais (textiles); Ernesto Ayala por Gerónimo Venegas (trabajadores rurales); Omar Sans por Ramón Baldassini (correos); y Miguel Soto por Omar Viviani (taxistas).

Para tomar la decisión, Trabajo se basó en el mismo estatuto de la CGT que contempla, en su artículo 49, que los miembros del Consejo Directivo sólo pueden ser reemplazados en caso de ausencia definitiva y con previa notificación por parte del sindicato, mientras que “no existe previsión de cubrimientos de ausencias o vacancia transitoria”, algo que –señala la resolución– sí sucede para los delegados del Comité Central Confederal e incluso para el mismo secretario general. “Para alejar cualquier interpretación errónea del tema, cabe advertir que los cargos del Consejo Directivo podrán ser de nominación por una organización sindical adherida y de designación en el congreso respectivo, pero son de ejercicio individual y personal una vez asumidos.”

Tomada anunció esta decisión 48 horas más tarde de que los dos sectores en pugna compartieran una última reunión en el ministerio, a la búsqueda de alcanzar una salida negociada, sin éxito. A partir de ese momento, según había anunciado, se estudió el expediente con los argumentos presentados por ambas partes antes de tomar la decisión, aunque ayer al explicar la sentencia hizo un nuevo llamado al diálogo para alcanzar un –a estas horas– improbable acuerdo. “La posibilidad del diálogo está abierta. Las alternativas son diversas y están en sus manos”, sostuvo el ministro, en referencia a los dirigentes de ambos sectores. Ante las acusaciones del moyanismo contra la Presidenta, al que acusan de fogonear el conflicto, Tomada aseguró que “está muy clara la posición del Gobierno, y es la de que el movimiento obrero esté unido”, para concluir: “Confiamos en que se pueda llegar a algún tipo de consenso”.

Por otra parte, el ministro defendió la intervención del gobierno nacional en el proceso electoral de la central obrera (intervención que según el moyanismo es ilegal) porque, aseguró, su competencia surge “de la ley, de la jurisprudencia y del convenio 87 de la OIT” sobre libertad sindical. Al respecto, el fallo recuerda que la misma OIT “ha admitido que los derechos enunciados” en ese convenio “pueden ser limitados con el objeto de asegurar el respeto de las reglas democráticas en el movimiento sindical”, ya que “sería incoherente” que “no posibilitara una esfera de acción estatal para que se establezca un marco de respeto a ese derecho que, por lo demás, se vincula con la garantía de organización sindical libre y democrática” (art. 14 bis C.N.). La resolución también invoca jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Ahora, el Gobierno devolvió la pelota a la cancha de las organizaciones sindicales, ya que, como explicó Tomada ayer, corresponde “que sea la propia CGT la que convoque a una reunión de su Consejo Directivo para que se pronuncie, subsanando los efectos, y resuelva la implementación del proceso electoral”. Por ahora (y el panorama difícilmente cambie en los próximos días), el moyanismo sigue firme en su convocatoria para el congreso nacional el jueves que viene en el microestadio de Ferro, seguido de un acto político en la cancha de fútbol, donde se presentarán las nuevas autoridades, mientras que la oposición puso en marcha la maquinaria para organizar su propio congreso. El diferendo, seguramente, acabe resolviéndose en instancias judiciales. En tanto, la resolución del Ministerio de Trabajo prevé que “en el supuesto de vencer los mandatos en ese período, las actuales autoridades permanecerán en sus cargos hasta que culmine el proceso”.