“Este juicio fue posible gracias a las Abuelas, que lograron transformar su incansable lucha en un reclamo de toda la sociedad”, señaló H.I.J.O.S. Córdoba.
Abuelas de Plaza de Mayo celebró la “sentencia histórica” por el plan sistemático de apropiación de menores durante la dictadura, causa que comenzó a impulsar formalmente hace 16 años, aunque admitió que le queda “un sabor amargo” por las bajas penas que recibieron los apropiadores de Francisco Madariaga Quintela. Su padre, Abel Madariaga, secretario del organismo, anunció que apelará el fallo del Tribunal Oral Federal Nº 6 que sentenció con quince años de prisión al apropiador Víctor Gallo, ex capitán del Batallón de Inteligencia 601, y a cinco años de cárcel a su mujer, Susana Colombo. “Me robaron a un hijo durante 32 años y le dieron cinco años a la apropiadora”, resumió Madariaga para explicar su disconformidad. La sentencia fue celebrada mediante comunicados por H.I.J.O.S. Córdoba, Amnistía Internacional y la agrupación Kolina.
“Un tribunal de la democracia condenó a algunos de los mayores responsables” del plan sistemático y “reconoció que hubo una ‘práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores en el marco de un plan general de aniquilación’”, celebró Abuelas. “Consideramos que hemos alcanzado justicia con la condena histórica de 50 años de prisión” a Videla, aunque “entendemos que otros represores no fueron sancionados de acuerdo con la magnitud de los crímenes gravísimos que cometieron y que aún perduran en el ocultamiento de la verdadera identidad de casi 500 hombres y mujeres que continúan siendo esclavos del alma”, explicó. Repudió las “bajas condenas” a Gallo y Colombo, y advirtió que “seguiremos exigiendo que los apropiadores sean considerados autores de delitos de lesa humanidad y reciban penas más severas”.
Abel Madariaga, quien recién dos años atrás pudo encontrar a su hijo Francisco, dijo que “en forma global (el fallo) fue ejemplar”, pero cuestionó la condena a cinco años a Colombo porque “me robaron a un hijo durante 32 años”. “Pudimos probar que hubo robo de bebés, que nacieron en Campo de Mayo y en la ESMA, y que no fueron a parar a cualquier lugar sino que fueron apropiados por integrantes del Batallón de Inteligencia 601”, señaló. “Trabajamos 16 años para demostrar esto (el plan sistemático), porque en el Juicio a las Juntas se había dicho que no se podía hablar de robo sistemático de bebés”, remarcó.
H.I.J.O.S. Córdoba valoró que “a 35 años de cometidos los más de 500 robos de bebés, por fin la Justicia condenó a los máximos responsables” y calificó las condenas de “ejemplares”. “Este juicio fue posible gracias a las Abuelas, que lograron transformar su incansable lucha por restituir la identidad a esos niños, hoy jóvenes, en un reclamo de toda la sociedad”, remarcó la entidad. Recordó que los niños, “después de ser separados de sus familias, eran entregados a amigos y conocidos de militares y policías, o criados por los propios asesinos de sus padres biológicos, con la connivencia de la Justicia y de sectores de la Iglesia Católica”. “En la Argentina se implementó desde el Estado un plan sistemático de robo de bebés. El objetivo era sustraerles su identidad, negándoles saber quiénes eran, quiénes fueron sus padres y que toda una familia los estaba buscando”, sintetizó, y valoró como “inédito” que el fallo ordene ampliar las investigaciones en torno del ex capellán de la Armada y secretario del vicario castrense, Emilio Grasselli, y a ex miembros del “Movimiento Familiar Cristiano que habrían intervenido en hacer posible estos delitos”.
Amnistía Internacional calificó el fallo como “un paso histórico hacia la justicia”. Se trata de “un paso muy significativo en el camino emprendido por la Argentina para juzgar a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos durante el último régimen militar”, sostuvo en un comunicado, y llamó al Estado a “continuar avanzando en las investigaciones para que recuperen su verdadera identidad las personas que, al día de hoy, todavía siguen siendo víctimas de estos delitos”. “La condena contra Videla y Bignone demuestra que nadie está por encima de la ley”, afirmó Mariela Belski, directora de Amnistía en el país. Kolina, la agrupación de la ministra Alicia Kirchner, destacó que la sentencia “se debe a la inclaudicable búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo, al apoyo incondicional de las organizaciones de derechos humanos y a la política de Estado iniciada por el compañero Néstor Kirchner y profundizada por la compañera Cristina Fernández de Kirchner”.
El ministro Carlos Tomada comunicó la resolución de Trabajo en rueda de prensa.
