Las torturas sufridas por dos detenidos en una comisaría de General Güemes, provincia de Salta, aplicadas por un grupo de efectivos de la División Drogas Peligrosas de la policía provincial, evidencian la impostergable necesidad de avanzar en reformas estructurales de los sistemas penitenciarios y policiales del país y de sancionar el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación en septiembre de 2011 y que ,desde entonces, se encuentra injustificadamente a la espera de su tratamiento en el Senado.
Estos hechos no constituyen una situación aislada. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció el carácter estructural y cotidiano de las violaciones de derechos humanos que deben soportar las personas privadas de libertad en Argentina. En los últimos años, han tomado estado público casos de torturas, malos tratos o condiciones inhumanas de detención a nivel nacional y en distintas provincias del país. Sólo por mencionar algunos ejemplos, cabe señalar los incendios que tuvieron lugar en el penal de Magdalena en la provincia de Buenos Aires (2005) y en Santiago del Estero (2007); lo sucedido en febrero de 2005 en el penal de Córdoba que dejó en evidencia la crisis de un sistema colapsado y violento; las constantes denuncias por la situación de las cárceles e institutos de menores en Santa Fe, Neuquén y Corrientes, los casos en el Sistema Penitenciario Federal; la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la situación de Mendoza o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las denuncias de violencia sistemática, torturas y tratos inhumanos en la provincia de Buenos Aires.
El CELS ha manifestado en reiteradas oportunidades que las prácticas de tortura forman parte de la cultura y del sistema de gobierno de las cárceles, comisarías, institutos de menores y unidades psiquiátricas de nuestro país. Junto a un grupo de organizaciones de la sociedad civil, defensores públicos e integrantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación participó en la elaboración del proyecto del Mecanismo Nacional que permitiría avanzar en la construcción de institucionalidad para prevenir una de las principales violaciones de derechos humanos que se cometen en el país. El proyecto busca cumplir con el mandato del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas firmado y ratificado por Argentina en 2004 mediante la ley 25.932, estableciendo un Mecanismo Nacional independiente, con amplias facultades, que prevea la participación de la sociedad civil, con alcance en todo el territorio nacional, y articulado con los mecanismos provinciales. En marzo de este año, representantes de distintas fuerzas políticas de la Cámara de Senadores se comprometieron a tratar la creación del mecanismo al participar del encuentro “Hacia la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en Argentina”, junto a miembros del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, el representante argentino Mario Coriolano y el español Emilio Ginés Santidrián. Asistieron al evento los senadores nacionales Rubén Giustiniani (PS, Santa Fe), Eugenio “Nito” Artaza (UCR, Corrientes), Juan Manuel Irrazábal (FPV, Misiones), Norma Morandini (FAP, Córdoba), Liliana Fellner (FPV, Jujuy) y Pablo Verani (UCR, Río Negro), y representantes de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. Minutos antes, Ginés Santidrián se reunió con la vicepresidente de la cámara alta, Beatriz Rojkés de Alperovich, quien aseguró que había consenso entre las diferentes fuerzas para su aprobación.
Durante 2011, obtuvo dictamen favorable de las tres comisiones con giro dentro del Senado Nacional, aunque no llegó a ser tratado en el recinto. La falta de sanción de un mecanismo nacional está repercutiendo en el armado provincial de esos organismos, dado que varias provincias han comenzando a implementar su propio sistema de prevención de la tortura pero con estructuras disímiles.
La existencia de patrones estructurales de violación de derechos sobre las personas privadas de libertad en el país exige una respuesta política enérgica. Hasta el día de hoy no se ha logrado revertir una situación que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en 2004, marcó como “generalizada y habitual por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto en las provincias como en la Capital Federal”.
