BAJO SOSPECHA. DIPUTADOS SE QUEJARON DEL ARTÍCULO INTRODUCIDO EN EL SENADO.
La media sanción de la reforma tributaria que salió del Senado trajo consigo un cambio, respecto al proyecto original que envió el Poder Ejecutivo, por demás polémico: la desaparición de la Unidad Económica Agraria en la provincia. En caso de que Diputados convalide el proyecto que diseñaron legisladores justicialistas de la Cámara alta, cientos de parcelas podrían desaparecer para habilitar un millonario negocio para quienes realizan planos de subdivisión de tierras y para los capitales (pooles de siembra) interesados en adquirirla.
Algunos sectores políticos ya advirtieron la gravedad del asunto y salieron a criticar el artículo que este jueves se tratará en el recinto. De hecho, sorprende que los senadores hayan avanzado con la eliminación de la Unidad Económica Agraria dentro del proyecto de reforma tributaria, cuando es un asunto que directamente no tiene que ver con el sistema de tributación.
En ese sentido, el cuerpo de delegados de Profesionales y Técnicos del Ministerio de la Producción –nucleados en la UPCN– elaboraron un informe donde remarcan que “Santa Fe retrocede 40 años fomentando la creación de minifundios a través de la reforma tributaria propuesta por senadores”. Se trata del artículo Nº 30 del proyecto en análisis y que deroga “sin justificación alguna” la ley provincial Nº 9.319.
La norma –que reglamenta la existencia de la Unidad Económica Agraria (UEA) en Santa Fe– fija el límite de las dimensiones de los terrenos agropecuarios a partir del cual no se pueden dividir. El artículo 1 de la ley 9.319 señala que “los actos de disposición o división de inmuebles rurales no pueden ser aprobados ni autorizados, si como consecuencia de ellos surgen parcelas cuyas superficies no representen como mínimo una unidad económica, o que, constituyéndola, el remanente del inmueble dividido pierda tal carácter”.
Además, el texto en cuestión, define por unidad económica “la superficie mínima, de conformación adecuada, que asegure la rentabilidad de la empresa agraria de dimensión familiar y un adecuado proceso de reinversión que permita su evolución favorable”.
Por lo cual, de aprobarse el proyecto de los senadores justicialistas –convalidado por sus pares del FPCyS– “se permitiría la subdivisión indiscriminada de los predios rurales sin reparar en las capacidades naturales y productivas que condicionan el tipo de actividades a realizar en los mismos, atacando la preservación de los recursos naturales y el desarrollo sustentable que gozan de jerarquía constitucional”, manifestaron los propios trabajadores de planta del Ministerio de la Producción, afiliados a la UPCN.
Un cambio casi seguro
Ante esa situación expresada, la diputada justicialista del bloque Producción y Trabajo y presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Silvia De Césaris, dijo: “Nos oponemos a la subdivisión indiscriminada de los predios rurales y, como estamos a favor de la Unidad Económica Agraria, propondremos se incorpore nuevamente un artículo que reglamente su existencia”. También indicó que los cuatro legisladores –ella, Avelino Lago, Federico Reutemann y Marcelo Picardi– que integran su espacio comparten “plenamente lo solicitado por el departamento de profesionales de la UPCN y los profesionales técnicos del Ministerio de la Producción”.
“Se está trabajando, en función del pedido, para que en el proyecto de reforma tributaria que dictamine la Cámara de Diputados, que cuenta con media sanción del Senado (después de sustanciales modificaciones), se incorpore nuevamente un artículo que reglamente la existencia de la Unidad Económica Agraria, fijando el límite de las dimensiones de los terrenos agropecuarios a partir del cual no se pueden dividir”, finalizó.
Por su parte el diputado del Movimiento Evita, Gerardo Rico, indicó que la división de tierras no puede convertir a éstas en “antieconómicas”. Incluso, remarcó que es falso que eliminar las unidades económicas favorecerá a que pequeños y medianos productores (asociados porque en su mayoría son familiares) puedan obtener títulos para sus respectivas parcelas y así acceder a créditos que los ayuden a la sustentabilidad de sus emprendimientos.
En todo caso, cree que esos productores quedarán en la “vulnerabilidad total” porque la subdivisión excesiva implicará la creación de nuevos minifundios y favorecerá a que los capitales más fuertes puedan comprar más campos, lo cual propiciará la concentración de la tierra y de la renta. “Los pooles de siembra llegarán con ofertas jugosas y los chacareros no tendrán otra alternativa más que vender, y así quitarán a cientos de familias un sustento económico propio”, añadió el legislador del peronismo.
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